Cádiz, la Ceuta de la otra orilla

Esta semana esa verdad se escenificaba en Ceuta . Como también les viene ocurriendo desde hace muchos años. Miles de inmigrantes intentaban a toda costa alcanzar tierra española saltando o a nado por los espigones del Tarajal. Marruecos había abierto la puerta. Otra estrategia de presión que tampoco es nueva si los acuerdos (o los gestos) de Europa o España no les convencen. El Gobierno de Sánchez minimizaba esta posibilidad pero las imágenes de la permisividad de las fuerzas alauitas en las fronteras parecían decir todo lo contrario.

Dos orillas pero el mismo problema. O conflicto. O situación. Desde hace décadas. La tragedia es evidente, gente que se juega la vida por otra supuestamente mejor, que quiere escapar y es capaz de dejar todo atrás. Pero al mismo tiempo, una situación dramática utilizada por muchos según sus intereses y, quizá por eso mismo, sin visos de solución.

En la costa gaditana se sabe muy bien de eso. El Estrecho nos separa 14,4 kilómetros de la otra orilla . Desde Tarifa se ve perfectamente la tierra africana. Ellos a nosotros también. La necesidad, la desesperación, el empuje de las mafias y el ‘negocio’ de quien se beneficia, hacen el resto. Pero la travesía es como una ruleta rusa. El mar no entiende de humanidad.

Y ya se avisó con esa misma crudeza, o peor, en 2003. En octubre, cuando una fuerte tormenta se cernía sobre la Bahía de Cádiz, naufragaba la conocida como patera de Rota , una de las mayores tragedias de la inmigración en España. 37 personas perdían la vida y sus cuerpos inertes fueron también llegando uno a uno a esas playas que cada verano se llenan de turistas y de diversión. Sus cadáveres descompuestos y comidos por el salitre conmovieron desde Cádiz al mundo. Hace 17 años.

Y desde entonces los intentos y el riesgo han seguido produciéndose. Porque, a pesar de las proclamas y la voluntad de organizaciones y asociaciones que piden el paso libre, cruzar fronteras sin tener permiso ni identificarse, es de momento ilegal. Por tierra, mar o aire.

El impacto de la inmigración irregular en la costa gaditana ha ido fluctuando estos años en intensidad dependiendo de las circunstancias y los movimientos de los países afectados. Pero siempre ha permanecido.

La peor crisis en cuanto al aluvión en la llegada de embarcaciones irregulares en Cádiz se produjo en 2018. Fue un año para olvidar. La improvisación y el colapso fueron las dos palabras que lo marcaron. Se batieron todos los récords. Se rescataron a 20.572 personas (dato oficial), principalmente en el Estrecho de Gibraltar. El triple que en 2017, cuando los auxiliados fueron 6.550.

Pero al margen de las cuentas, la verdad se traduce en rostros y también en la desesperación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, guardias civiles, policías, que no daban abasto para poder controlar y dar apoyo a todos esos inmigrantes. Magrebíes y subsaharianos durmiendo en pabellones deportivos, otros en las comisarías con los calabozos ya atestados, hacinados durante días en barcos, y centros de menores colapsados con colchones tirados por el suelo. Ese verano Fernando Grande Marlaska visitó Algeciras y negó que existiera un «colapso migratorio». Horas después se rescataba a 751 personas de cincuenta pateras . En julio, Interior aceptó la emergencia y anunció una inversión de 3,4 millones de euros para intentar paliar y poder controlar la situación.

Así el 2 de agosto y tras unas obras de urgencia se abrió el Centro de Atención de Extranjeros (CATE) de San Roque. Vistos los acontecimientos se aumentó su capacidad de 400 a 600 plazas. Por allí en diciembre de ese mismo año habían pasado ya casi diez mil personas. Además, en paralelo, los ayuntamientos y la Junta de Andalucía iban ofreciendo espacios para poder acoger a inmigrantes. Ocurrió por ejemplo con el centro de Campano que gestionó Cruz Roja. Otras seis mil personas pasaron por allí.

Y poco a poco la situación se fue conteniendo. O más bien, y como aseguran fuentes expertas consultadas, las rutas fueron cambiando y, sobre todo, Marruecos fue cerrando el grifo. Por ejemplo ejerciendo una mayor presión en los bosques de Belyunech y el Monte Musa donde muchos de los subsaharianos se cobijan–incluso durante meses o años–hasta que llega el momento para cruzar. Comenzaron las redadas y la fuerza sobre esos campamentos para que dieran marcha atrás (se cuenta que en estos bosques se esconden unas 60.000 personas), y además, y como esta semana volvía a relucir, con la ayuda de las inyecciones económicas que la Unión Europea y el propio Gobierno español da al régimen alauita para que gestione este escenario.

Pero el control ejercido también en el Estrecho o en las playas de Tánger fue desviando los trayectos . Hacia Canarias en su mayoría. Siempre según las cifras del Ministerio del Interior, en 2020 llegaron a las islas 23.023 personas, frente a las 2.786 del año 2019, lo que supuso un incremento de nada menos que un 756,8%. Una ruta muchísimo más peligrosa pero hacia la que han optado en los últimos tiempos.

Y tras estos viajes muchas veces se encuentran verdaderos 'profesionales'. Mafias y redes que sacan provecho de esta adversidad que pone al límite a tanta gente. Cada vez están más especializadas . Son auténticas organizaciones criminales con miembros en uno y en otro lado de la orilla que cumplen diferentes funciones. Desde la persona que se encarga de captar al inmigrante que quiere cruzar y pacta precios, al que le pone un trabajo o le extorsiona para que paguen el viaje, a quien lleva la patera y así se costea el billete o aquellos que los recogen una vez alcanzan tierra y los llevan a lugares ya acordados -los llamados por ellos mismos ‘borregueros’-.

Normalmente las mafias trabajan en mayor medida con ciudadanos marroquíes. Con ellos, por cercanía, puedes establecer más fácilmente el contacto que con ciudadanos que llegan desde Malí, Congo, Senegal. Pero hay otro motivo con más peso. El legal. El marroquí, a diferencia del subsahariano, es expulsado en un plazo de 72 horas de España. Si es interceptado, no tiene alternativa y al menos se le abre expediente, por lo que el hecho de tener cobertura, tanto en el viaje como en la llegada, es crucial. Así se explica también que los subsaharianos llamen desde la propia patera a los servicios de Salvamento o a sus enlaces de ONG en España en cuanto se ven en problemas. El marroquí arriesga mucho más .

Algunas de estas mafias sitúan el punto de encuentro con ellos en la zona de Kenitra. Una vez allí los montan en furgonetas y los llevan hasta la playa desde la que van a partir. Entonces, les piden el dinero. Siempre antes de embarcar.

Los precios oscilan de los 300 a los 2.000 euros . Todo depende de cómo sea la embarcación o cuantos vayan, o también los pagos que tengan que hacer para ‘comprar’ a sus aliados. Últimamente también muchos adquieren entre varios la embarcación y se lanzan al agua. El que está al frente, jamás aparece. «No se moja las manos», dicen. De ahí la dificultad de acabar con estas redes. La imposibilidad de hacer investigaciones en los países africanos es también otro gran escollo.

Recientemente la Audiencia Provincial de Cádiz condenaba a tres marroquíes por traficar con inmigrantes. Como explica la sentencia llegaron el 13 de junio de 2018 pasadas las once de la noche a la playa de Barbate. A bordo viajaban 37 personas. Según el fallo, los procesados, H. T., A. B y K. F. fueron los tres encargados de organizar ese viaje y llevarlo a efecto. Dos de ellos aportaron dinero, controlaron y coordinaron el traslado y otro se encargó de recoger al piloto y ayudarle una vez que tocó tierra. Al poco, en septiembre, llegaron a hacer un segundo viaje con 51 personas. Entonces fueron interceptados.

Otro de los asuntos que más se ha escuchado en estos días tras lo acontecido en Ceuta es el de las devoluciones. Con Marruecos sí existe un acuerdo para que se pueda ejecutar a diferencia de todos los otros países de donde vienen. Sin embargo es el de origen el que decide si lo acepta o no. Además para que se pueda llevar a cabo, el plazo para tramitarlo es mínimo, debido a todos los lentos trámites que hay que hacer una vez que esa persona es interceptada. Como indica la ley española, como máximo pueden estar detenidos 72 horas.

Y en ese tiempo, hay que identificarlos, detenerlos, atenderlos medicámente si lo necesitan, reseñarlos, asistirles con abogado, intérpretes, hacerles pruebas óseas por si hay dudas de que sea menor, abrirles expediente... una enredada burocracia que se une al problema de la insuficiente y mermada plantilla de Extranjería que se colapsa en momentos de entradas masivas y no tan masivas. El resultado, se cumplen los plazos y se les pone en libertad, lo que provoca un nuevo 'efecto llamada'.

Y punto y aparte son los menores . Los conocidos como ‘menas’, también de bastante actualidad, pero de los que se tiene constancia y presencia en la provincia de Cádiz desde hace muchísimos años. Por protocolo legal, las autoridades españolas deben de poner en conocimiento de sus países que estos chicos han entrado de manera irregular para que sean entregados a sus padres.Es decir, sí pueden ser ‘devueltos’. Pero, al mismo tiempo, se les da protección y las comunidades autónomas tienen la orden de tutelarlos por lo que suelen quedarse.

Se les destina a diferentes centros, otro asunto muy espinoso porque en los últimos años, según las denuncias recibidas, ha crecido la conflictividad en estos espacios, muchas veces colapsados. Según cuentan asistentes y trabajadores de centros de menas la mayoría no quiere permanecer en sus instalaciones y termina fugándose. Además la diferencia cultural y educacional también les supone a veces un lastre para su completa integración. Muchos lo consiguen, otros, terminan «buscándose la vida como pueden» , caen en la delincuencia o en manos de redes que abusan de ellos. Un círculo complicado pero que es necesario controlar. Y asumir.