Un bochorno detrás de otro

El estado de los juzgados de San Fernando era una -de las muchas y graves- vergüenzas de la administración judicial en la provincia. Las instalaciones daban algo de pena y resultaban un atentado contra la dignidad de los trabajadores, además de los ciudadanos que debían frecuentarlas de vez en cuando. Después de muchas excusas, de muchos retrasos y de mucha espera -en la línea gestora de la Junta de Andalucía-, se ha conseguido un traslado de sede judicial a las inmediaciones de la plaza del Carmen. El jueves comenzaron diferentes tareas, entre ellas la limpieza de archivos y documentos que ya no sirven. Pero para bochorno sobre el bochorno, los responsables de la custodia de ese material consintieron, cuando no propiciaron, que aparecieran por la noche tirado en los contenedores de la plaza San José, en pleno centro de San Fernando. Hablamos de datos íntimos y sensibles de cientos de ciudadanos. De domicilios, declaraciones, nombres, fechas, detalles relacionados con delitos tan dolorosos como agresiones o abusos de todo tipo. Incluso fotografías estaban esparcidas. El episodio da una idea de la sensibilidad y el respeto con el que algunos pocos funcionarios o trabajadores, unos pocos de sus responsables, tratan una información tan delicada que, caso de ser desechada, debe destruirse con todas las garantías, dentro de un protocolo. Para mayor bochorno, los documentos eran tantos que rebosaron y volaron, se esparcieron por la calle. Citaciones, sentencias, detalles personales de víctimas y acusados. Direcciones de maltrtados. Todo ello por el suelo y a mano de cualquiera que pasara. Ya se sabe que ha podido tratarse de un error aislado, achacable a muy pocas personas, pero tiene una gravedad y un simbolismo tales que resulta innegable que alguien asuma responsabilidades de todo tipo: administrativas, legales, laborales y políticas. Alguien ha lanzado al suelo y al aire el dolor de muchas personas, una parte muy vulnerable de la vida de muchos ciudadanos que se ven obligados a confiar en la administración de Justicia, que la pagan con sus impuestos, y que jamás pueden recibir ese trato intolerable.