TRIBUNALES
La Audiencia de Cádiz mete la quinta
Tras el parón por la crisis sanitaria sus salas ya han empezado a señalar juicios relevantes para estas próximas semanas
La Audiencia Provincial de Cádiz empieza a coger ritmo tras más de dos meses de parón casi total por la alerta sanitaria decretada a causa del coronavirus. Las salas, debidamente protegidas como ha ordenado el Ministerio de Sanidad, han empezado a reordenar sus agendas y señalar aquellos juicios que tuvieron que ser suspendidos y también otros que seguirán su curso como se había marcado. Pero en cuestión de semanas, ante el tribunal penal se pondrán varios procesados de procedimientos de calado a los que se les piden serios castigos.
Será el caso por ejemplo este próximo martes de la vista que se celebrará contra un sacerdote acusado de abusar y violar a la mujer de un amigo suyo. La Fiscalía solicita para el religioso la pena de once años de prisión. Según recoge el escrito de acusación, los hechos se remontan a 2013 cuando el procesado entabló amistad con un hombre que le presentó a su mujer y a la hija de ambos. Con el tiempo fueron cogiendo confianza y acudía al domicilio de esta familia casi todos los días, siendo considerado «un miembro más» de ésta.
A los dos años comenzó ya a piropear a la mujer, «a llamarla por teléfono con una asiduidad superior a la acostumbrada» e « intentar buscar excusas para quedarse a solas con ella», incluso a «sobrepasarse en los abrazos» que le daba llegándole a tocar el trasero, un comportamiento que molestaba a la mujer. Esta actitud fue a más y el sacerdote le pedía que le besara en la boca y le tocara. La afectada siempre le decía que solo serían amigos. En agosto de 2015, relata el fiscal, el acusado aprovechó un momento que estaban a solas y forzó un beso tirándola de espaldas. Ella le reprendió este acto pero no dijo nada a su pareja «para no tener problemas». Sin embargo a la mañana siguiente entró en su cuarto cuando dormía agrediéndola sexualmente. El tribunal de la Sección Cuarta escuchará tanto al acusado como a la presunta víctima y los testigos este próximo martes.
Y al día siguiente, otro asunto que tuvo cierta repercusión mediática también llegará a la Audiencia Provincial. Será en la Sala Tercera donde se dirimirá la culpabilidad sobre una agresión que tuvo lugar durante el Carnaval de Cádiz de 2019 cuando un hombre fue apuñalado por otro tras una discusión en la carpa. La Fiscalía considera al acusado responsable de un delito de intento de homicidio y pide para él la pena de diez años de prisión.
Según el escrito de acusación, los hechos se produjeron después de que en la madrugada del 28 de febrero de 2019, acusado y víctima coincidieran en la carpa de Carnaval. Ambos se conocían y, aunque no habían tenido ninguna pelea antes, «ciertos comentarios» que llegaron a la víctima provocaron que mantuvieran una discusión por el móvil. Quedaron en la casa del afectado para aclarar supuestamente el malentendido. Pero el procesado antes de abandonar su casa cogió un cuchillo de 25 centímetros de hoja y lo ocultó en su pantalón. Una vez se encontraron se enzarzaron en una pelea y «de manera sorpresiva», el procesado le asestó al otro hasta cinco puñaladas por lo que tuvo que ser operado de urgencia para que no perdiera la vida.
Otro truculento suceso que también se volverá a recordar próximamente en la Audiencia Provincial será el caso conocido como ‘la casa de los horrores de Chiclana’. El juicio a la pareja acusada de estafar y maltratar a varios ancianos que cuidaban se celebrará los días 29 y 30 de junio y 1 de julio en la Sección Cuarta. El Ministerio Público solicita para los encartados una pena de 19 años de cárcel en total por los delitos de estafa, falsedad en documento público, maltrato habitual y lesiones. Además de una elevada indemnización.
De estos hechos dio cuenta la Guardia Civil en el marco de la operación por la que se rescató a los ancianos a principios de 2019. La Benemérita informaba entonces de la detención de esta pareja alemano-cubana que presuntamente mantenían a los ancianos encerrados y drogados mientras ellos se apropiaban de sus bienes.
En la denominada ‘operación Teydea’ además de la pareja, eran detenidas otras cuatro personas e investigadas otras nueve, dentro de un entramado que se habría apropiado en poco tiempo de más de 1.800.000 euros de cinco de sus víctimas, según la Guardia Civil. La operación permitió rescatar con vida a una anciana holandesa y un anciano alemán. Una de las señoras que tenían a su cuidado terminó falleciendo antes de la intervención de los agentes. Las investigaciones se iniciaron cuando la Guardia Civil de Cádiz recibió una solicitud de colaboración internacional, procedente de la policía alemana de Frankfurt am Main, que pedía la localización de esta señora, María Babes. No se sabía nada de ella desde que se había trasladado desde Tenerife, donde residía sola, a la provincia de Cádiz.
Las investigadores localizaron a María en una residencia de mayores de la localidad de Chiclana. Allí había ingresado después de pasar por varios hospitales, debido a una situación grave de salud. Los informes médicos alarmaron a los investigadores porque presumían una posible negligencia en los cuidados de la mujer por parte de sus cuidadores. Después se estudió la situación económica de la anciana, lo que hizo saltar ya todas las alarmas. El saldo de la mujer había pasado de más de 162.000 euros a 300 en dos meses y había vendido su casa en Tenerife sin recibir ni un euro.
Todo esto había pasado desde que había conocido en Tenerife a una pareja de cuidadores que «haciendo gala de un destacado poder de seducción» se ganaron la confianza de la mujer, que contaba con propiedades inmobiliarias y «una suculenta» pensión. Los cuidadores la convencieron para trasladarla a Cádiz, para controlarla mejor.
Cuando los agentes la localizaron en la residencia de ancianos de Chiclana, María pudo contarles que la mantuvieron encerrada y maniatada varios meses en un chalet alquilado. Los guardias civiles descubrieron que, mientras estaba ingresada en estado grave en un hospital, había participado en dos protocolos notariales, en el que primero otorgaba un poder absoluto a favor de sus cuidadores y en el otro los nombraba sus herederos.
Y tras estos juicios la agenda continuará en julio. A finales de mes se reanudará el juicio que sienta en el banquillo a los exalcaldes de Rota , Eva Corrales y Lorenzo Sánchez, que tuvo que ser suspendido por el Estado de Alarma. La vista continuará los días 20, 21, 22, 29, 30 y 31 de julio con las declaraciones de los testigos, los peritos y las conclusiones finales de las partes.
En esta causa hay otros siete investigados y se centra en dilucidar si mientras que fueron responsables municipales, de los años 2007 a 2011, estuvieron adjudicando obras a dedo para favorecer a un constructor, Felipe Castellanos (también encartado) para que a cambio comprara los materiales de obra en la empresa del exregidor roteño. La Fiscalía calcula que con este supuesto ‘modus operandi’ pudieron facturar hasta medio millón de euros.
La Fiscalía solicita para Lorenzo Sánchez cuatro años de prisión por un delito continuado de cohecho pasivo, para Eva Corrales, doce años de inhabilitación por prevaricación y para el constructor, acusado de un delito de cohecho activo, cuatro años de prisión.
Los acusados ya declararon antes de la suspensión y defendieron su inocencia. Según explicaron Sánchez y Corrales, suscribieron los convenios para la construcción de varias infraestructuras y equipamientos confiando en el criterio de los técnicos y la legalidad del procedimiento. El juicio continuará en la Sección Tercera.
En esa misma sala pero ya en septiembre está señalado otro de los asuntos que mayor conmoción ha causado en la provincia en los últimos años. El crimen por el que supuestamente un joven mató a su padre a puñaladas en Sanlúcar en noviembre de 2017 .
La vista con jurado popular, que en un principio se había fechado para este mayo y que tuvo que ser suspendida debido a la alerta sanitaria, se celebrará del 21 al 25 de septiembre próximo.
Según el auto de señalamiento emitido por esta Sala, el procesado está acusado de un delito de asesinato con alevosía con agravante de parentesco. La Fiscalía solicita para él la pena de 22 años de cárcel.
Como se recordará, los hechos ocurrieron el 13 de noviembre de 2017 en la casa donde el procesado vivía junto a sus padres y dos hermanos más ubicada en la calle Cruz del Monaguillo del municipio sanluqueño. Según reproduce el escrito de calificación fiscal, en torno a las seis de la tarde, el supuesto parricida, acuciado por las deudas que tenía, inició una fuerte discusión con su padre. En ese momento estaban solos en el domicilio. En el transcurso de la pelea, el hijo se dirigió a la cocina de la casa y tras ponerse unos guantes de látex para no dejar huellas cogió un cuchillo de 13,5 centímetros de hoja con el que se dirigió hacia su progenitor por la espalda «con la intención de acabar con su vida».
Según Fiscalía, el procesado asestó a la víctima ocho puñaladas en la zona de la espalda, cráneo, cuello y pecho. a que había manchado de sangre junto con las zapatillas, los guantes y el cuchillo en una bolsa de plástico de color gris que posteriormente supuestamente arrojó a un contenedor cuando se dirigía de camino a la comisaría a denunciar los hechos.
