Asesoramiento gratis para propietarios e inquilinos de Cádiz en la negociación del alquiler

El Colegio de agentes de la Propiedad Inmobiliaria llega a un acuedo con la Junta para asesorar a ambas partes en las prórrogas del alquiler

Jornada de confinamiento en Cádiz. Francis Jiménez

Fran M. Galbarro

El Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (COAPI) de Cádiz ha firmado un convenio de colaboración con la Junta de Andalucía para ofrecer durante las próximas semanas un servicio de mediación gratuito en los acuerdos entre propietarios e inquilinos gaditanos que soliciten una prórroga de su alquiler.

La ley establece que se asesorará de forma gratuita a ambas partes, que deben entregar los documentos necesarios para llegar a un aplazamiento, tal y como dicta el Decreto ley. Así, los colegiados ofrecerán su asesoramiento a los pequeños propietarios e inquilinos afectados ante la complejidad de la normativa, recientemente aprobada por el Gobierno de España. «Ayudaremos gratis y convenceremos a ambas partes de la necesidad del acuerdo , que incluso a veces pude mejorar las condiciones de la ley, la cual no debemos olvidar pide acreditar con papeles que se ha llegado a ese punto», explicó el presidente del COAPI, Antonio Rivas.

Los agentes inmobiliarios de Cádiz están acostumbrados a llegar a acuerdos entre inquilinos y propietarios, una circunstancia habitual en determinadas zonas de la provincia, sobretodo en la capital. «En Cádiz, si hablamos de alquileres, tenemos un coronavirus continuo. Hay mucha gente con nóminas precarias, trabajos en B o a tiempo parcial y se alquila muchísimo por la confianza de ser buena persona más que por su capacidad económica. En este tipo de acuerdos tenemos mucha experiencia no por el coronavirus, sino porque la nómina habitualmente es precaria y solemos aplicar acuerdos», explica Rivas.

El Decreto deja una incógnita en la gestión de otro tipo de alquileres que aún «están por ver». Por ejemplo, los locales del pequeño autónomo que se ha visto obligado a cerrar al no formar parte de los servicios esenciales. También deben resolverse los contratos de los pisos de estudiantes, después de que a finales de semana se diera por finalizado el curso universitario. Algunos están todavía en esos pisos y en teoría no pueden irse, salvo que el Gobierno diga que sí; otros se fueron a las viviendas de sus padres y tendrían que volver a recoger sus enseres.

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