TRIBUNALES
Arranca el juicio por presunto maltrato animal de la perrera de Puerto Real
El Refugio pide año y medio de cárcel a los responsables de la perrera de Puerto Real por maltrato
La organización proteccionista El Refugio solicita una condena de un año y seis meses de cárcel por un presunto delito de maltrato animal para el dueño, la directora y un veterinario de la perrera de Puerto Real, cuyo caso se juzga este miércoles en el Juzgado de lo Penal número 4 de Cádiz por sacrificar supuestamente a los animales recogidos de manera «indiscriminada» con Mioflex, que les ocasionaba una muerte «lenta y agónica» por asfixia.
En declaraciones a los periodistas, el presidente de El Refugio, Ignacio Paunero, ha mostrado su «tremenda satisfacción» porque «se van a juzgar los hechos». «Es un paso adelante en la protección animal y esperamos una buena condena », ha señalado.
En cuanto a los hechos, ha recordado que «teníamos muchos avisos por parte de la gente y decidimos venir a comprobarlo. A partir de ahí, gracias a testigos, decidimos ir al Seprona y pusimos una denuncia que hizo que se iniciara un proceso penal».
«Conseguimos por primera vez en España que se cerrara una perrera y se acabara el terrible supuesto sufrimiento que tenían los animales», ha afirmado.
Paunero ha indicado que «hay que tener en cuenta que recogían animales de toda la provincia y eran sacrificados de una forma terrible , con un paralizante que morían asfixiados, una muerte agónica y terrorífica».
Cabe recordar que la organización proteccionista El Refugio denunció los hechos ante el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil en junio de 2007 , lo que ha derivado en el procedimiento penal en el que están personados como acusación particular, reclamando un año y medio de cárcel para cada uno de los procesados.
El Juzgado de Instrucción número 2 de El Puerto de Santa María se encargó de la instrucción de este caso, estimando su titular que el dueño y la directora «conocían el maltrato animal que se producía en la perrera de Puerto Real», e incluso «podría haber existido instrucciones a los veterinarios para utilizar el paralizante muscular para así ahorrar costes».
La organización proteccionista ha venido señalando que en la perrera de Puerto Real se recogían anualmente miles de perros y gatos de varios municipios de la provincia gaditana, los cuales eran presuntamente sacrificados con el mencionado paralizante muscular , que era «inyectado indiscriminadamente» y que ocasionaba una muerte «agónica» por asfixia que podía durar varios minutos en los que el animal estaba consciente.
