Tribunales
Archivada la causa contra el notario de El Puerto acusado de colaborar con narcos
La Audiencia de Cádiz considera que no hay indicios para procesarlo, ni que cometió ninguna irregularidad grave por dejación de funciones
En noviembre de 2019 agentes de la Policía Nacional detenían en El Puerto a un notario de la localidad, en el marco de una investigación de un caso de narcotráfico contra un conocido clan asentado en el municipio. Según mantenían, este profesional habría dado fe a determinadas operaciones de compraventa de inmuebles que se efectuaron con dinero en metálico procedente del tráfico de drogas sin que, según los investigadores, advirtiera sobre ello lo que dio, supuestamente, vía libre a que blanquearan. El notario fue arrestado y tras pasar a disposición judicial el mismo día fue puesto en libertad con cargos .
Pues bien, el caso siguió instruyéndose en el juzgado número 1 de El Puerto y la pieza relativa al notario se separó en otra causa. El juez dictó auto de procedimiento abreviado contra el notario pero el fiscal solicitó el sobreseimiento provisional al considerar que no había quedado demostrado la comisión del delito. Por su parte, la defensa del notario pidió también el sobreseimiento, pero libre (que equivaldría a una absolución ya que éste imposibilita la reapertura de dicho procedimiento).
Finalmente, el instructor acordó el provisional por lo que la defensa del notario recurrió a la Audiencia Provincial que, definitivamente, le ha dado la razón y, por tanto, la causa ha quedado completamente archivada.
No cometió ninguna imprudencia
Así, la Sección Primera de la Audiencia entiende que, como indica el Ministerio Fiscal, este profesional no cometió ninguna imprudencia, tanto de carácter grave, como de carácter leve ya que –tal y como se explica en el auto de sobreseimiento– se considera que « empleó la diligencia debida y adecuada en ambas escrituras , y se ajustó a los protocolos del Consejo General del Notariado, librando las comunicaciones de éstas a los organismos oportunos».
Como recuerda el auto, en la causa se analiza la actuación profesional del acusado en dos escrituras: una en la que una pareja investigada donaba a su hijo de 3 años una suma de 65.000 euros, y otra en la que los padres en representación del menor compraban una vivienda por importe de 57.000 euros. Esta pareja estaba siendo investigada por blanquear dinero procedente del narcotráfico, por lo que se presumía que el dinero objeto de esta donación y con el que posteriormente adquirieron la vivienda podría tener su origen en la venta de estupefacientes.
Del hecho de que la donación en efectivo se hizo sin que el notario hubiera hecho indagaciones sobre la procedencia de este dinero, se infería datos indiciarios contra el profesional de la comisión de un delito de blanqueo de capitales en su modalidad «imprudente».
Por lo que el objeto de la instrucción fue determinar si el notario pudo advertir el supuesto origen ilícito de ese dinero y si realizó la indagaciones y comunicaciones oportunas.
En su informe, el Ministerio Fiscal hizo un pormenorizado análisis a este respecto y determinó finalmente que no podía concluirse que el notario hubiera incurrido en ninguna infracción grave de las normas esenciales de cuidado.
Informó sobre las escrituras
Es más, se llegó incluso a acreditar que estas dos escrituras se notificaron al Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo del Consejo general del Notariado (OCP) a través del índice único trimestral, así como a la Consejería de Economía de la Junta de Andalucía y a la Agencia Tributaria; sin que el OCP considerara que de dichas escrituras se derivaran indicios de la existencia de delito, lo que, según la Audiencia, elimina la imprudencia profesional por parte del notario que «empleó la diligencia debida y adecuada en ambas escrituras».
Asimismo, y según detalla el tribunal, el investigado recabó las identidades de todos los firmantes, así como su profesión, sin que pudiera acceder a los antecedentes penales de esta pareja, ni a las investigaciones policiales para saber que estaban siendo investigados por un delito contra la salud pública.
Tampoco quedaba acreditado que tuviera relación de ningún tipo con los investigados, salvo la profesional.
Por todos estos motivos la Sala estimó el recurso de apelación de la defensa del notario acordando el sobreseimiento libre y, por tanto, el archivo total de la causa.
