TRIBUNALES

Archivada la causa contra el actual alcalde y el exalcalde de Trebujena

Se les acusaba de un presunto delito de prevaricación en expedientes urbanísticos y de suministro de agua

La Justicia ha dictado el sobreseimiento de la causa. L.V.

LA VOZ

El magistrado-juez del Juzgado Mixto nº3 de Sanlúcar de Barrameda ha dictado un auto en el que acuerda el archivo de la causa contra el exalcalde de Trebujena, Manuel Cárdenas , el entonces concejal de Servicios Municipales y actual regidor en el Ayuntamiento trebujenero, Jorge Rodríguez , y la exconcejal María Dolores Hedrera , y diversos técnicos municipales, por un supuesto delito de prevaricación relacionado con presuntas irregularidades en expedientes de disciplina urbanística en suelos no urbanizables y de suministro de agua.

Según informa el Consistorio, el juez «no solo no ve perpetración de delito, sino que decreta el sobreseimiento de las actuaciones, máxime cuando el Ministerio Fiscal, única parte acusadora en el presente procedimiento, ha solicitado el sobreseimiento y archivo de la causa».

La investigación judicial, «con la que en todo momento ha colaborado el Ayuntamiento de Trebujena por unos hechos que se remontan más de diez años atrás », ha puesto de manifiesto que estos responsables políticos y los técnicos municipales obraron «con celeridad y de la forma más ajustada a los medios humanos de que disponía el Consistorio». Por ello, como ha reflejado el informe de Fiscalía, «no consideramos que concurran los requisitos de arbitrariedad y notoria ilicitud que exige el tipo penal de la prevaricación».

Jorge Rodríguez, actual alcalde de Trebujena. L.V.

Judicializar la vida política

El alcalde de Trebujena, Jorge Rodríguez, ha expresado su satisfacción y saluda el sobreseimiento y archivo de la causa, ya que «en todo caso, lo que ha quedado demostrado es que, de acuerdo a los recursos de los que disponía, el Ayuntamiento jamás actuó de forma arbitraria y su proceder siempre estuvo sujeto a la defensa del interés general». Así lo recoge el informe de la Fiscalía que marca que, en todo caso, serían los particulares «quienes se desviaban, en su caso, de la autorización concedida, para lo cual se tramitaban los distintos expedientes urbanísticos para reconducir las anomalías, todo ello dentro de las posibilidades personales y materiales del propio Consistorio».

El actual primer edil subraya esta decisión judicial y advierte del «peligro de la judicialización de la política , y la injusticia que pueden llegar a causar a la honorabilidad de las personas y de los cargos públicos las llamadas penas de titulares de prensa ».

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