TRIBUNALES
Anticorrupción solicita cinco años de prisión para dos exediles de Sanlúcar
Dos exconcejales del PP, el entonces interventor, una funcionaria, y otros cuatro empresarios están acusados de malversación en el pago de facturas municipales
No hay tregua en la provincia para acabar con la corrupción política. En este caso, la Fiscalía vuelve a apuntar hacia Sanlúcar, concretamente, a dos concejales de la Corporación municipal del año 2002-2003, al interventor de entonces y a cuatro personas más, a los que acusa de un supuesto delito de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad documental. Anticorrupción ve indicios de irregularidades en la contratación de los servicios municipales y en que algunas empresas cobraran por la realización de informes de los que no se tiene constancia. Han sido trece los años que se han necesitado para tener toda la documentación y poder continuar con la investigación judicial que ahora da otro paso. Así, los días 18 y 19 de enero todos los imputados en este caso se sentarán en el banquillo de la Sección Tercera de la Audiencia de Cádiz.
Los hechos, que investiga la emisión supuestamente ilegal de más de una decena de facturas, se remontan al ejercicio de 2002 cuando gobernaba en Sanlúcar la coalición formada por el PP y el partido independiente Alternativa Sanluqueña (AS). Durante aquel mandato se emitieron una serie de facturas por tres empresas distintas «motivadas por asesoramientos técnicos ficticios, las cuales iban encaminadas a apoderarse de caudales públicos», afirma el Ministro Público en su escrito de acusación.
Dichas facturas fueron emitidas, «unas, con la connivencia» del que fue alcalde de Sanlúcar, Juan Rodríguez (contra quien no se dirige acusación al estar fallecido) y otras, «con la connivencia del teniente de alcalde Rafael Rubio, «cargos políticos que encargaban ficticiamente esos trabajos». Además, el entonces interventor Isaac Bobillo y el delegado de Hacienda, Marco Antonio Lozano, «a sabiendas de que no cumplían los requisitos legales para su abono, emitían correspondientes mandamientos de pago». Incluso, según continúa el fiscal, en algunas de estas facturas, contaron «con la estimable colaboración de la auxiliar administrativo quien con su firma aparentaba ser técnico que acreditaba la realización del trabajo ficticio ».
Fue a finales de 2008 cuando se alertó de esta sospecha. La entonces delegada de Hacienda de Sanlúcar, Inmaculada Muñoz (PSOE), remitió a la Fiscalía de Jerez un informe técnico emitido por el economista adscrito a su área en el que se alertaba de posibles irregularidades contables, que habrían ocurrido entre los años 2002-2005. La documentación incluía una serie de facturas por servicios externos de asesoría, cobradas por tres empresas distintas, en las que se subrayaban irregularidades en el procedimiento de pago y en algunas, según los indicios recabados por la Fiscalía, no constaba incluso que se hubiera realizado el servicio contratado. Ante la posible implicación de funcionarios y de responsables municipales en esas fechas, la Fiscalía de Jerez derivó el asunto a Anticorrupción.
Para la investigación ha sido necesaria la comparecencia del redactor del informe técnico para poder interrogarlo por el contenido del estudio y para que aportara más documentación sobre el proceso de pago de las facturas sospechosas.
Un solo abono, más fácil
De las once facturas presentadas por el Ayuntamiento, el Ministerio Público ve indicios de delito en nueve , que se pago con dinero salido de las arcas públicas. Estos servicios contratados fueron abonados mediante el mismo procedimiento administrativo que responde a las siglas ADOP (Autorización, Disposición, Ordenación y Pago) «vulnerando de manera clamorosa» el procedimiento por un total que ronda los 20.000 euros. Dichos pagos se hacían en cantidades inferiores a 3.000 euros para agilizar los trámites en un solo abono y no tener que pasar otros trámites u obviar los imprescindibles de manera ilegal.
Las facturas se refieren a análisis o trabajos supuestamente realizados . Algunos de los objetos son:«estudio para la optimización de agentes recaudadores», «análisis sobre repercusiones de los partidos del Xerez en Sanlúcar» y «estudio para la optimización de las bases de datos». Estos encargos eran «trabajos ficticios» que nunca se realizaron y cuya factura se emitió «con la única finalidad de apoderarse de fondos públicos».
Tras los hechos investigados, el fiscal pide penas de cinco años de prisión para el exteniente de alcalde Rafael Rubio , el exconcejal y «ordenador» de los pagos Marco Antonio Lozano, y el exinterventor por un delito continuado de prevaricación y malversación además de la inhabilitación por 8 años. En el caso de la administrativa del Ayuntamiento y los empresarios, Anticorrupción solicita cuatro años de cárcel.
