Ansiedad en los juzgados gaditanos

Imagínense que están en medio de un proceso de divorcio. O de un desahucio o una indemnización... Intranquilos sobre qué será de sus vidas. Llevan meses pendientes de que un juzgado marque las directrices legales, a favor o en contra, de ese asunto que les preocupa. Y, de repente, cuando parece que va viendo el final, todo se para. Y a volver a esperar y, además, sin una nueva fecha definida. Al margen de entrar en detalles sobre burocracias, la justicia es un servicio fundamental del ciudadano, un elemento de la sociedad necesario para poner orden y ejecutar lo que dicta la ley cuando no se llegan a acuerdos o cuando se quebrantan las normas que todo español tiene la obligación de cumplir en un estado de derecho. Y en ese proceso hay personas. Mucha gente esperando que sus asuntos se solucionen . De ahí que cualquier problema que afecte a la justicia, afecta directamente a quien ha tenido que acudir a ella.

La alerta sanitaria por coronavirus también ha paralizado , suspendido, este instrumento fundamental. Se mantiene como en servicios mínimos. Las causas que están yendo a dirimirse ante un tribunal son aquellas consideradas de necesaria urgencia. Estas son: asuntos penales que entran por guardia, procedimientos de menores, violencia de género o casos donde los investigados están cumpliendo prisión preventiva. Todo lo demás: procedimientos penales sin presos, civiles, sociales, mercantiles... aplazados. Los profesionales de la justicia siguen trabajando, en sus casas, y a las sedes judiciales solo van si tienen que comparecer en juicio. A las oficinas, donde se tramita todo el largo proceso burocrático para que los procedimientos sigan su curso solo están acudiendo algunos funcionarios. Uno solo en ocasiones por varios juzgados, por turnos, por guardias. Por tanto, según advierten abogados o procuradores, por mucho que intenten avanzar, el tapón es y será considerable. «Al retraso que ya había se suma ahora todo lo que se está parando... va a ser inasumible» , alertan.

Por esta razón desde el Consejo General del Poder Judicial se están barajando algunas medidas para que esta parálisis no provoque un colapso que ya de por sí en algunos juzgados de la provincia existe desde hace mucho. Al ampliarse el Estado de Alarma el CGPJ acordaba esta semana levantar las limitaciones establecidas como el hecho de poder presentar a través de medios telemáticos escritos en los juzgados. «La evolución de las circunstancias de la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19 permite contemplar un nuevo escenario de mayor actividad en todos los sectores, y en particular en el funcionamiento de la administración de justicia, que autoriza a fijar las bases del restablecimiento pleno de la prestación del servicio público al que sirve el ejercicio de la función jurisdiccional», explicaban en un comunicado.

Sin embargo, desde el Colegio de Procuradores de Cádiz , su decano Óscar Alonso García, alerta de que esta cierta apertura no será suficiente debido a los numerosos problemas que están encontrando a la hora de poder teletrabajar y a que la capacidad de recepción sigue siendo la misma con el mínimo de funcionarios activos. Además, en sus alegaciones a las medidas propuestas por el Consejo destacan que la lentitud y el desbordamiento de causas es ya un problema endémico que, ahora, avisan, se agudizará.

«No podemos obviar que el retraso que sufre la justicia en este país, no se debe al Covid-19 sino que más bien se trata de un problema anterior, y de no fácil solución. Todos los estudios realizados en el trascurso de las últimas décadas, los expertos consultados, los operadores jurídicos; tras analizar las patologías de esta administración, llegan a las mismas conclusiones y proponen las mismas soluciones, solo con matices diferentes. Pactos por la Justicia, reformas legislativas, inversiones de la talla de otras administraciones, ratios de jueces por habitante, una modernización real de nuestra administración... Sin embargo, poco o nada se ha hecho en ese sentido», denuncian.

Para este órgano sería «fundamental» que «de verdad se dieran las herramientas necesarias para que el teletrabajo pudiera ser efectivo». Medios materiales y sistemas tecnológicos seguros que pudieran agilizar todo el curso de los procedimientos. «Desde el año 2012 lleva implantado en España el sistema de comunicaciones telemáticas LexNet (así como otros análogos en algunas regiones de España), para el envío de notificaciones y la presentación de escritos, coincidiendo con la entrada en vigor del ’papel cero’ en la administración de Justicia, en todo el territorio nacional. Pues ha tenido que llegar un virus desde China, para que nos demos todos cuenta, que al parecer lo de papel cero se trataba solo de un eslogan, ya que en la Administración de Justicia no es posible teletrabajar», lamentan.

Los procuradores, los profesionales que son intermediarios de toda la cadena jurídica, entienden que las medidas que se han planteado –como por ejemplo declarar el mes de agosto hábil– no serán efectivas porque, entre otras cosas, no se prevé un refuerzo real de medios en un sistema «ya de por sí desbordado». Consideran que desde el Ministerio no se está tratando una medida urgente temporal sino una reforma integral. «Lo primero que habría plantear, es la reanudación de la actividad jurídica de tramitación, facilitando los medios tecnológicos necesarios a los funcionarios de la Administración de Justicia».

Así las cosas, los efectos serán claros . Juicios que han sido aplazados tendrán que tener una nueva fecha, ponerse en cola, buscarles hueco entre señalamientos ya fijados, trámites no presentados u otros presentados pero que no se han procesado, escritos y recursos pendientes, en definitiva, un embudo que para los profesionales de la Justicia se antoja complicado de superar «si no se moderniza y refuerza de verdad todo el sistema».