Los ancianos sin vacunar en las residencias, en el punto de mira

Los centros sociosanitarios fueron los primeros en notar los efectos de la campaña de vacunación a principios de año. Una vez recibida la pauta completa, los contagios en las residencias de redujeron de forma drástica. Los brotes que surgían, casi siempre anecdóticos, registraban un menor número de positivos y la mayoría de ellos pasaban la enfermedad siendo asintomáticos o con síntomas muy leves.

Estudios recientes han demostrado que la eficacia de la vacuna disminuye con el tiempo y en las últimas semanas se han registrado varios brotes que han obligado a la Junta a reforzar la vigilancia en estos centros . Son varios los colectivos que exigen ya la aplicación de una tercera dosis a esta población para fortalecer sus anticuerpos contra la Covid-19, pero no todos los ancianos están vacunados .

Representan una minoría sobre el total de residentes, pero muchos centros están especialmente atentos a la evolución de algunos usuarios que se negaron a recibir el pinchazo. Fuentes del sector aseguran que en los últimos meses han conseguido convencer a muchos de los familiares que habían decidido no dar permiso para inmunizar a sus mayores, pero otras residencias siguen a la espera.

La Fiscalía inició a principios de año varias vías de comunicación entre residencias y la administración de Justicia para supuestos de falta de consentimiento de familiares. En el caso de que los familiares o responsables legales no dieran permiso para vacunarse a personas que carecen de plena capacidad jurídica para obrar en defensa de sus intereses, como es habitual en las residencias de mayores, el juzgado tiene la capacidad de obligar a vacunar a ese anciano .

Sin embargo, aunque se han dado casos en toda España en los que un juez obligaba al anciano a recibir la vacuna contra el Covid pese a que los familiares no dieran su consentimiento, durante todo este tiempo no ha trascendido ninguno en la provincia de Cádiz. Fiscalía lleva varios meses con un expediente abierto aún por resolver en un centro de Puerto Real. El caso está en manos del médico forense, que debe resolver si la persona tiene capacidad para decidir sobre si recibe o no la vacuna.