Alerta en los ayuntamientos por el fallo del Constitucional sobre las plusvalías

La sentencia del Tribunal Constitucional que cuestiona el pago de algunas plusvalías por la compraventa de vivienda ha puesto en guardia a los ayuntamientos de la provincia, que ven en el fallo judicial una seria amenaza para una de sus principales fuentes de ingresos . Todo empezó en el juzgado número 3 de lo Contencioso de Donostia al poner en duda la legalidad de varios artículos de la norma Foral sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana del territorio histórico de Guipúzcoa. El tribunal vasco consideraba que no se podía aplicar un gravamen sobre el suelo del inmueble cuando su valor real es inferior al valor estimado por la Administración, en este caso, el Ayuntamiento.

El Tribunal Constitucional entra de lleno en el cálculo que da por hecho que el ladrillo siempre se revaloriza y, desde luego, no es así. La crisis ha dado claros ejemplos de lo contrario. No podemos olvidar que se han vendido pisos por debajo de su precio de compra, sin embargo, la plusvalía no ha tenido compasión de estas operaciones a la baja. Los ayuntamientos han cobrado como si el valor previsto en sus estimaciones fuera el real y, sin embargo, es ficticio. El fallo del Tribunal Constitucional incide directamente en este tipo de transmisiones. No anula el impuesto sino que introduce una serie de excepciones para girar correctamente su cobro .

Esta situación afecta a la provincia y en especial a la ciudad de Cádiz, donde todo apunta a que se ha jugado con unos parámetros ficticios en los últimos años, ya que hay zonas de la capital donde la revalorización ha sido mínima. De hecho, Cádiz es uno de los municipios, junto con otras once localidades de la provincia, que abordará este año la revisión de su valores catastrales para actualizar, después de vente años, su mercado inmobiliario. A nadie se le escapa que puede haber sorpresas con el resultado final.