Tribunales | Cádiz
El alcalde de Villamartín se enfrenta a la inhabilitación por hacer contratos 'a dedo'
La Fiscalía acusa de prevaricación a Juan Luis Morales y al anterior regidor, José Luis Calvillo, por saltarse presuntamente los trámites legales para dichas contrataciones
El Juzgado de instrucción número 1 de Arcos de la Frontera mantiene abierta una causa contra el alcalde de Villamartín , Juan Luis Morales (AxSi) y también contra el exregidor José Luis Calvillo ( ya condenado en firme por el mismo motivo ) por haber realizado una serie de contratos 'a dedo', saltándose, según la acusación, los trámites legales para realizar dichas contrataciones. El caso lleva años en instrucción en el juzgado aunque la Fiscalía también solicitó hace tiempo la apertura de juicio oral. El Ministerio Público considera a ambos investigados autores de un delito de prevaricación continuada por lo que pide para ellos la pena de inhabilitación.
Además también están investigados por estos hechos quien fuera la interventora accidental del Ayuntamiento de Villamartín del 1 de enero de 2005 al 16 de julio de 2010, y otro interventor accidental que ejerció esta función del 17 de julio de 2010 al 31 de julio de 2010 y de 1 de septiembre de 2010 hasta al menos 2019, y quien también trabajó en el área de personal. Para el fiscal son responsables en concepto de cómplices por omisión del delito continuado de prevaricación.
Según el escrito de la Fiscalía , Juan Luis Morales en su condición de alcalde «con conocimiento de la inadecuación legal del procedimiento, prescindiendo del preceptivo procedimiento de selección y sin respetar los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, celebró numerosos contratos temporales sin acudir a la bolsa de trabajo del Ayuntamiento ni al Servicio Andalúz de Empleo». Como añade, estas contrataciones las decidía el propio Morales y a continuación se redactaba el contrato por un auxiliar administrativo del departamento de personal y una vez estaba ya redactado se pasaba nuevamente a la firma y formalización al regidor.
Dichas contrataciones eran realizadas, como explica la acusación, amparándose en supuestas situaciones de necesidad de los contratados, si bien no consta que se incoase expediente alguno, no figurando documentación alguna que acredite la supuesta situación de necesidad de dichos contratados, ni informe de trabajador social del Ayuntamiento en la que se manifestase dicha situación de precariedad y en la que se propusiese la contratación de dichas personas, a pesar de lo cual por parte del acusado se procedió a su contratación.
Supuestamente estas contrataciones por situaciones de necesidad no acreditadas y realizadas al margen de la bolsa de trabajo eran utilizadas por el Ayuntamiento para un periodo máximo de 15 días si bien era «una simple excusa para que los contratados perpetuasen su puesto en la Administración Pública ya que muchos de los contratos se fueron encadenando hasta la actualidad».
Según la Fiscalía, se celebraron así más de medio centenar de ellos «prescindiendo total y absolutamente» de procedimiento alguno que garantizase la publicidad, concurrencia, igualdad, mérito y capacidad contratos en puestos como de electricista, limpiadora, jardinero, pintor, auxiliar administrativo, monitor de deporte, peón, barrendero, tractorista, fumigador, vigilante... desde 2011 a 2015.
De la misma forma actuó según la acusación el anterior alcalde de la localidad, José Luis Calvillo (PSOE) quien, con conocimiento de la inadecuación legal del procedimiento celebró también numerosos contratos temporales sin acudir a la bolsa de trabajo del Ayuntamiento ni al Servicio Andalúz de Empleo. Se da la circunstancia que Calvillo ya ha sido sentenciado en firme por esta modo de proceder a tres años y medio de inhabilitación, también por un delito de prevaricación.
El tribunal de la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Cádiz consideró probado que Calvillo ‘enchufó’ a una empleada municipal en el Ayuntamiento de la localidad serrana. La sentencia de primera instancia consideraba que el exprimer edil se saltó los trámites legales para la contratación de esta persona sobre otras dos candidatas «sin realizar ningún tiempo de comprobación o valoración de la antigüedad y los cursos alegados, ni realizarle ninguna prueba o proceso de selección»
La Fiscalía Anticorrupción solicitaba doce años de inhabilitación por prevaricación continuada pero en el fallo se le aplicó la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas ya que los hechos juzgados ocurrieron hace más de diez años. Más o menos los años que lleva también esta causa también en instrucción que, de momento, no se ha elevado a juicio.
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