El agujero negro de la formación para parados

Mientras el Parlamento Andaluz prepara la comisión sobre el fraude de los cursos para desempleados que comenzará en marzo, las autoridades continúan con la investigación que vuelve a toparse con la opacidad de la administración . Esa falta de colaboración la han encontrado precisamente los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la provincia de Cádiz cuando recababan información de las peticiones de devolución de ayudas que no se han justificado debidamente. Así lo recoge el último informe remitido en diciembre al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla que hace una dura crítica sobre la poca colaboración de algunas delegaciones del Servicio Andaluz de Empleo a las que se les requirieron las solicitudes de reintegro.

El caso gaditano, dice textualmente este informe al que ha tenido acceso LA VOZ, «merece mención aparte». Alegan los agentes encargados de la investigación que la oficina del SAE en Cádiz no ha aportado ni un sólo documento de los requeridos . Únicamente les ha remitido una comunicación en la que se alega que «como no se dispone de acceso a ninguna de las aplicaciones con que las se gestionaban los expedientes en los ejercicios de referencia, resulta imposible dar respuesta al requerimiento en los términos que se solicita, además de incidir en que esta delegación provincial del SAE no tiene competencias para manifestarse al respecto».

Esas competencias las ostenta la Consejería de Educación desde que se ordenó el cambio en 2012, antes de que saltara el escándalo. Sin embargo, no eso no parece haber sido un escollo para las delegaciones de otras provincias como Córdoba, Granada, Huelva, Jaén o Málaga, que han presentado la información sobre las solicitudes de reintegro que reclamaba la Guardia Civil.

El caso de Cádiz llama especialmente la atención porque es la segunda en volumen de ayudas pendientes de justificar. La única información al respecto que se maneja en la investigación es el dato remitido por la Intervención General de la Junta de Andalucía que estimó el montante en 229 millones entre 2005 y 2013 sólo en esta provincia, lo eleva hasta 3.015 en toda Andalucía. Y dado el tiempo que ha transcurrido, muchos de esos expedientes han debido de prescribir o están a punto de hacerlo . Este órgano fiscalizador ya ha realizado varias advertencias al respecto, aunque todas han sido ignoradas. La administración sostiene que los expedientes siguen vivos y bajo supervisión, pero dado el enorme volumen y el descontrol que se ha destapado, caben serias dudas de que así sea.

Hasta el momento, sólo se han emitido solicitudes de reintegro para subvenciones por valor de 34 millones de euros , poco más de un 1% de lo que contempla la Intervención. A esos 34 millones habría que sumar los expedientes de devolución emitidos por las delegaciones del SAE en Cádiz, Almería y Sevilla, que no han informado al respecto.

Habrá que ver si la comisión de investigación del Parlamento sirve para verificar cuál es el montante real de este fraude millonario. Por lo pronto, el asunto ha salpicado de lleno a ex altos cargos del Gobierno andaluz en la provincia gaditana. El primero de ellos fue el exconsejero Ángel Ojeda , que se verá implicado en la mitad de las piezas en las que ha sido dividido el caso. También fueron detenidos en su momento los exdelegados provinciales Juan Bouza y Manuel Brenes , por la responsabilidad que ostentaban cuando se cometieron las irregularidades.