SECTOR PÚBLICO
Administración pública ‘ociosa’
Junta y Estado pagan cinco millones en nóminas a empleados de consorcios, agencias y oficinas sin funciones en la provincia de Cádiz
Los sucesivos ajustes para controlar el déficit y los recortes presupuestarios no han dado para adelgazar a las administraciones públicas. La compleja estructura paralela, de la que sólo se habla cuando hay que rendir cuentas, va cambiando de nombre pero no encoge . Las fundaciones, agencias, consorcios y oficinas que nacieron para gestionar lo que no pueden absorber los servicios centrales permanecen cuando el dinero se acaba o sobra el trabajo. Y vía subvención o asignación presupuestaria se mantienen oficinas y trabajadores sin una función clara . Y no es práctica habitual de una única administración, todas sostienen a sus entes paralelos, más numerosos cuando mayor es el alcance de las competencias.
Encontrar información sobre este tipo de órganos no resulta fácil. Ni siquiera los tan publicitados portales de transparencia recogen información sobre el presupuesto que manejan o el número de empleados a los que dan trabajo. Tampoco informan a las organizaciones sindicales, que en muchas ocasiones han cuestionado la utilidad de los mismos.
Este medio ha analizado los casos más representativos –que no los únicos– en la provincia de Cádiz, donde sólo el coste el nóminas roza los cinco millones de euros al año, según los cálculos realizados en función de los convenios colectivos, liquidaciones de presupuesto y respuestas parlamentarias que han dado los responsables públicos sobre el Co nsorcio de Las Aletas, la Oficina de Rehabilitación del Casco Histórico de la capital, la Escuela de Hostelería y la antigua Faffe .
Quizá la entidad que gestiona el futuro polígono puertorrealeño, en la que el Gobierno central tiene mayor peso, sea el caso más claro de todos. Desde que la sentencia del Supremo diera al traste con su desarrollo en octubre de 2009, todo ha sido un puro trámite burocrático. Cambio de usos, redacción de un nuevo proyecto encargado a una empresa externa y largos meses de espera para cada paso sin que ni una sola máquina haya vuelto a entrar en el terreno . Mientras tanto, el Consorcio mantiene una oficina y a tres de los cuatro trabajadores iniciales, después de que una de ellas presentara la renuncia.
Y el mayor grueso de ese gasto total en nóminas se destina al sostenimiento de los trabajadores de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), ya extinta, que fueron integrados en la estructura del Servicio Andaluz de Empleo. En total son 1.139 en toda Andalucía, de los que 182 se encuentran en la provincia de Cádiz.
El dato lo facilitó el consejero de Economía y Empleo, José Sánchez Maldonado, en respuesta a una pregunta parlamentaria recogida en el Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía del 14 de enero de 2014. El montante de toda esta plantilla supone 24,4 millones de euros, con lo que el colectivo gaditano viene a costar 3,84 millones al año, sin contar el pago a la Seguridad Social. Y en ese presupuesto no están incluidos los agentes de empleo readmitidos por orden judicial.
Todos ellos siguen a día de hoy sin tener asignada una actividad determinada, una situación reconocida públicamente por la Junta, que intentó hace un mes sin éxito destinarles funciones vía decreto.
El parón de la rehabilitación
La Oficina de Rehabilitación del Casco Histórico de Cádiz, dependiente de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación (AVRA) de la Junta, ha permanecido bajo mínimos desde que el se cerró el grifo de la inversión. Esa bajada de la actividad la confirman funcionarios de la Delegación provincial de Fomento a los que tienen que remitir los expedientes para su formalización, pero poco más saben de la estructura o las funciones que desempeña este departamento, cuya sede se encuentra en la calle Cristóbal Colón.
Desde su creación en 1999 la labor que venía realizando ha sido intensa hasta el punto de celebrar los diez años de su creación con una ampliación de la plantilla y de las instalaciones. Esa fue la última vez que la Oficina de Rehabilitación hizo un balance completo. No había mucho más que contar para los quince que cumplió después y aún hoy su actividad es escasa, dada la situación económica. En 2009 el número de trabajadores ascendía a 21, aunque en este tiempo sólo ha trascendido la eliminación del cargo de gerente.
Para hacer un estimación del coste de las nóminas, la referencia ha sido el convenio colectivo de AVRA, que fue publicado en el BOJA el pasado 3 de marzo. El peso salarial supone una media de 32.000 euros brutos anuales por empleado, lo conlleva al cabo del año un desembolso de unos 640.000 euros en nóminas.
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