263 refugiados solicitan asilo en Cádiz para escapar de guerras y persecuciones

Datos de la Oficina de Asilo y Refugio, perteneciente al Ministerio del Interior, revelan que España recibió durante el último año 88.826 solicitudes de protección internacional , convirtiéndose en el tercer país de la Unión Europea en número de peticiones, solo por detrás de Alemania y Francia. De ellas, finalmente se concedieron 4.359 estatutos de refugiado, un 162% más que en 2019 .

Andalucía ocupó el tercer lugar entre las comunidades en número de solicitudes, 9.245 sin contar tramitaciones presentadas en Embajadas. El fenómeno de las peticiones de asilo o refugio llega también hasta Cádiz . En lo que va de año, 263 personas han iniciado los trámites en la Oficina de Extranjería de la Policía Nacional.

La Ley reguladora del Derecho de Asilo y la Protección Subsidiaria configura el derecho de asilo como «la protección dispensada a los nacionales no comunitarios o a los apátridas a quienes se reconozca la condición de refugiado» debido a fundados temores de ser perseguido –ya sea por motivos como raza, religión, opinión u orientación sexual – y en los términos recogidos en la Convención de Ginebra de 1951 y el Protocolo de Nueva York de 1967.

Bajo este principio, los emigrantes en situación irregular en la provincia de Cádiz pueden cursar su petición de asilo en Extranjería. Una vez emprendida, la persona no podrá ser objeto de retorn o, devolución o expulsión hasta que se resuelva su solicitud.

Previamente, el inmigrante deberá pedir cita previa, cumplimentar el volante de voluntad de solicitud de asilo, recibirá su cita para una entrevista presencial en la que explicará su historia y aportará la información que irá ligada a su expediente, hasta finalizar el procedimiento con el envío de datos a la Oficina de Asilo y Refugio (OAR) que emitirá una resolución .

En el caso de que sea favorable, el migrante será considerado como «un refugiado al que se le reconoce derecho de asilo» , indica María Ángeles Bastida , inspectora jefa, jefa de la Brigada Provincial Extranjería y Fronteras.

No es el único elemento internacional al que pueden recurrir los inmigrantes en España que consideren estar en peligro si regresan a su lugar de origen . También existe la concesión del derecho a la protección subsidiaria «que se concede a aquellas personas sin derecho a asilo, pero por cuyas circunstancias excepcionales se considera que necesitan protección».

Esta cifra de 263 personas en situación irregular que han iniciado su tramitación de asilo en Cádiz está íntimamente relacionada con el número de personas que entran ilegalmente a España. «Dependiendo del flujo existen más o menos peticiones».

Tal y como explica la inspectora jefa, «las solicitudes de asilo han ido aumentando progresivamente y año tras año, cada vez hay más. El gran salto se dio en 2018, un aumento del 100% debido a la inestabilidad política y social de algunos países de Sudamérica, así como al aumento masivo de la llegada de pateras ».

Para la Oficina de Extranjería no existe ninguna nacionalidad que mayoritariamente estén demandando estos derechos. En cualquier caso, «la procedencia es algo muy variable e intermitente, hasta hace poco estaban viniendo muchísimos venezolanos y ahora mismo no ».

Este incremento también se explica a través del «boca a boca entre ellos y a la confianza de realizar la tramitación acudiendo a una Comisaría y ver que no vamos a detener a nadie por solicitar protección internacional, es un derecho y suelen tener miedo porque saben que son irregulares».

En cifras nacionales, los principales países de origen de los solicitantes de protección internacional en España durante el último año fueron Venezuela, Colombia, Honduras, Perú, Nicaragua , El Salvador, Mali, Cuba, Ucrania y Marruecos.

Desde la Brigada Provincial Extranjería y Fronteras aseguran que las entradas de los Menores Extranjeros No Acompañados ( MENA ) «son pocas en comparación con el grueso de las peticiones y la mayoría de los menores vienen con sus familias y se acogen a la petición de asilo con ellas», no pudiéndose establecer un perfil de edad concreta de las personas que solicitan asilo en Cádiz.

«La principal duda de esta gente es el tiempo, nos preguntan ¿cuándo va a terminar?», reconocen. Desde la oficina admiten que resulta «muy complicado establecer un promedio en los plazos» y aseguran que estos «pueden durar desde 2 meses hasta 5 años» .

Entre otros factores que explican la demora se encuentran el alto volumen de trabajo que pueda tener la OAR y las particularidades personales que son sometidas a estudio para la resolución. En este sentido argumentan que «existen momentos puntuales en el que el Gobierno se involucra más con unos determinados países y a los solicitantes se les da más prioridad porque necesitan una solución». Una circunstancia inestable y cuyo criterio concreto no conocen los agentes.

Mientras se tramita la solicitud, siempre que carezca de recursos económicos, el inmigrante podrá beneficiarse de los servicios sociales , ayudas y prestaciones de los diferentes programas de acogida gestionados por las Administraciones Públicas.

La propia Brigada Provincial Extranjería y Fronteras declara que no es sencillo conocer la cifra real de personas que se encuentran pendientes de resolución de sus trámites iniciados por Extranjería en Cádiz ya que «la inmensa mayoría de estas personas están acogidas por ONGs y tienen un movimiento continuo, no tenemos control sobre eso ».

Del total de las 88.826 solicitudes presentadas en España en 2020, 5.758 (el 5%) fueron favorables para el reconocimiento de protección internacional, ya sea como refugiado o protección subsidiaria. El 35% recibió su aprobación para recibir protección por razones humanitarias –autorización de residencia temporal que se concede en determinados supuestos–, mientras que el 60% fueron tramitaciones denegadas.

En caso de se declare desfavorable la solicitud de asilo, la persona podrá recurrir hasta agotar los límites jurídicos. En tal caso, « solo se podrá volver a solicitar asilo si las circunstancias varían o si el individuo aporta pruebas nuevas».

Para quienes reciban el estatus de refugiado, éste no podrá ser revocado a no ser que expresamente así lo deseen, sus condiciones para ser reconocido como tal hayan cambiado, abandone el territorio español para fijar fuera su residencia o adquiera una nueva nacionalidad extranjera. También en el supuesto de que el refugiado cometa un delito grave y pueda ser considerado como un riesgo para la seguridad nacional.

Iniciar el proceso de asilo es un camino de no retorno, salvo desistimiento de quien lo solicita. El refugiado renuncia a regresar a su país , bajo cualquier circunstancia. Estas personas podrán pedir, cuando corresponda por ley, la nacionalidad española. Tras ello perderán la consideración de refugiado para ser a todos los efectos nacional español. En ese caso, sí podrían volver a su tierra.

Al aumentar tanto las peticiones de asilo en Cádiz «se han tenido que descuidar otras facetas de la Policía, por ejemplo, los temas de investigación» , comentan. «Si tenemos que dedicar el personal policial a hacer labores administrativas, la parte de investigación no la puedes desarrollar por igual», exponen. No obstante, a pesar de esta tendencia creciente y ante la falta de recursos humanos, los trabajos de investigación se han seguido desarrollando «gracias al esfuerzo de los agentes».

A fecha de enero de 2021, en España se establecen 5.434.153 personas extranjeras lo que representa el 11,45% del total del cens o . Andalucía es la cuarta comunidad autónoma en este guarismo por detrás de Cataluña, Madrid y Valencia.

En la provincia residen 50.523 inmigrantes . Es la segunda cifra más alta desde que existen datos regionales. Todo ello sin contar los nacionalizados. En el año 2020, hasta 916 residentes adquirieron la nacionalidad española en Cádiz.

Desde 2008, la cifra de extranjeros en el territorio nacional siempre se ha situado en torno a los 5 millones. Sin embargo, históricamente y comparando datos inmediatamente anteriores, los movimientos hacia las fronteras españolas no habían sido una tendencia.

Tal como explica la doctora Isabel García-Montón en su estudio 'La emigración cubana a España' publicado por la Universidad Complutense de Madrid, hasta los años sesenta España fue tradicionalmente «un país de emigrantes» . Esta norma disminuye «debido al aumento de los niveles de empleo y de bienestar» durante la etapa del despegue económico en la dictadura franquista y –sobre todo– con la transición política hacia la democracia que «no hizo más que acelerar el cese del proceso migratorio».

Precisamente, los cubanos formaron parte de los «pueblos pioneros» emigrantes a España, aunque su llegada fue paulatina ya que la Revolución Cubana de 1959 «no generó de inmediato un exilio masivo». Tanto es así que, sin contar nacionalizados, Cádiz ha pasado de tener poco más de una decena de cubanos entre sus habitantes en la década de los noventa hasta los actuales 561, muy cerca de su nivel histórico.

«Mi hija y yo vivíamos en Cuba, yo no tenía a nadie en España ni tampoco conocía a nadie fuera porque no tenía la idea de salir de mi país. Descubrimos que mi suegro había nacido en Santander y marchó al exilio», rememora Elena Castro , cubana nacionalizada española y residente en Cádiz desde 1995.

Hace 26 años, por inmediación de una Carta de Invitación de familiares directos, lograron el visado para viajar hasta España. «Una vez aquí me fui haciendo con contratos de trabajo para poder quedarme, hasta que pude obtener la residencia. La legislación ha cambiado mucho », reconoce.

Para no perder sus propiedades en Cuba, Elena tenía que regresar cada 11 meses a la isla. « A todos los cubanos que vivimos fuera del país se nos cobra hasta por reírnos . El pasaporte más caro que existe es el nuestros. Por arreglar cualquier papel te piden dinero», recuerda sobre sus duros comienzos.

«En aquella época no había un buen asesoramiento ni asistencia para quien emigraba. Yo aceptaba cualquier empleo, lo que fuera para sobrevivir . Me hubiese gustado que alguien me explicase que podía estudiar unas oposiciones, por ejemplo», lamenta Castro.

Con el tiempo, Elena consiguió reunir en Cádiz a su familia que se sumó a la pequeña comunidad cubana-gaditana. «No éramos un grupo demasiado grande, pero siempre nos citábamos en el malecón y estábamos todos juntos». Finalmente, Elena se estableció en la capital y regentó la conocida baguetería 'El cubanito' .

El caso de Castro es una de las muchas realidades que han vivido –y perduran– entre los inmigrantes cubanos en Cádiz. También existe la parte desagradable, oculta y que se prefiere ignorar, la de aquellas personas que hoy en día optan por no revelar su nombre ya que siguen siendo proscritos en su tierra.

Si bien Elena no tuvo la necesidad de pedir asilo para establecerse en Cádiz, «aquí hay personas que renunciaron a todo en Cuba y que estaban infiltradas en la seguridad nacional . Después de tantos años siguen teniendo pánico a hablar», revela una cubana afincada en la provincia.

«Salir de Cuba puede ser una odisea» , admite Elena que explica los movimientos migratorios actuales en su país de origen. «Cuba es una isla para lo bueno y para lo malo, no hay frontera terrestre, así que es difícil marchar. Se necesita mucho dinero y hay mafias interesadas y que extorsionan a los cubanos. Ahora se están haciendo más viajes hacia Rusia».

Como ya hicieran Antonio Burgos y Carlos Cano en 1984, los cubanos residentes en Cádiz se esmeran por comparar el añorado mar del Caribe que baña La Habana con la playa de La Caleta, conscientes del sacrificio que conlleva salir de su país y con la esperanza de encontrar nuevas oportunidades .