«La disparidad de asuntos entre secciones obedece a un cambio que no estuvo bien medido»

Ha sido un gran defensor de la especialización de las secciones de la Audiencia de Cádiz. Desde su sillón del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Juan Carlos Campos ha sido uno de los responsables de impulsar esta medida, por encima de las reticencias de algunos colegas de profesión. Hoy se siente satisfecho de la gran reforma vivida en la Audiencia tras el último cambio con mayúscula: la creación de secciones desplazadas.

-Acaban de cumplirse tres meses de la separación por jurisdicciones de las secciones de la Audiencia, ¿qué balance en cifras hace?

-Es pronto para hablar de estadísticas, pues ni siquiera contamos aún con las cifras de un trimestre, pero por conversaciones con el presidente de la Audiencia puedo decirle que existe una impresión de acierto que no va en la dirección de más o menos asuntos, sino precisamente en la idea de una mejor y más certera respuesta del sistema judicial, logrando dotarlo de mayor seguridad jurídica. Ello debe redundar en mayor credibilidad del sistema y una mayor confianza de los ciudadanos en la Justicia. Lo que sí es ya un acierto claro es la concreta división que se efectuó. El número de secciones civiles y penales fue el correcto. Además, Cádiz, por los números de entrada y por encontrarse 'cómoda' con su carga competencial era ideal para acometer estos cambios. Eso y el contar con unos profesionales muy bien preparados.

-¿Cuando empezarán a notarse sus efectos en las secciones desplazadas?

-Pues en cuanto las de Cádiz capital generen su pequeña doctrina jurisprudencial. Insisto, eso va a dotar al sistema de un mayor certeza, suprimiendo y desterrando la idea de «a ver dónde cae mi asunto». La previsibilidad de las resoluciones judiciales es el mejor camino para la Justicia.

-La especialización se ha ordenado aplicar en todas las audiencias que están en una situación similar a la de Cádiz, ¿cree que los primeros pasos han dado la razón a aquellos que apostaron por esa idea?

-Sí, fue un compromiso de política judicial que asumió este Consejo General del Poder Judicial y que se viene aplicando con regularidad en todas aquellas audiencias que permiten, por su número, la división. Le podría contar de casos con dos secciones que pidieron ser divididas, y se hizo.

-¿Esta medida favorecerá un mejor reparto de los asuntos entre las distintas secciones de la provincia?, ya que cada año las memorias judiciales cifran un volumen de casos ingresados muy por encima de lo recomendado en Jerez, Algeciras o Ceuta y en cambio las secciones de Cádiz no suelen llegar a los módulos (límites) que marca el CGPJ.

-Así es, pero le diré que ese problema no es fácil de abordar solamente con la división de jurisdicciones. Lo que ocurre es que con ello pueden atraerse ciertos asuntos a la capital que es donde están divididas las jurisdicciones. El problema de la disparidad de asuntos entre las secciones de la provincia obedece a un cambio legal que, en mi opinión no estuvo bien medido, provocando estos desajustes que ya algunos en el año 1999 aventuramos. Hoy, la peor parte la llevan las secciones de Algeciras y Jerez.

-¿Qué le respondería a los colectivos que se oponen al traslado de asuntos de las secciones desplazadas a las de Cádiz como el Colegio de Abogados de Jerez?

-No se oponen, simplemente, y es lógico, apoyan a su ciudad. Le puedo asegurar que estarán, como han estado siempre, en pro de la mejora de la Justicia sin paliativos, pues son conscientes del papel de servicio público que tiene la administración de Justicia de la que ellos son protagonistas incuestionables.

-La tendencia actual es un ingreso de asuntos, casi el doble, de naturaleza penal con respecto a los de civil. Dadas las circunstancias de esta provincia, ¿cabe la posibilidad de que se inviertan las evoluciones?

-No es fácil elucubrar sobre la tendencia de litigiosidad, salvo algo que creo no admite dudas: somos una sociedad altamente judicializada. Es curioso cómo siendo muy críticos con el funcionamiento de la Justicia, sin embargo, cada vez acudimos más a ella. Somos críticos con la lentitud, pero a la vez somos conscientes de que la Justicia es la última salvaguarda de nuestros derechos y libertades. La tendencia, más penal o más civil, depende de muchos factores, y no tenga ninguna duda de que el ciclo económico juega un papel decisivo. Si hay bonanza económica, los créditos y las hipotecas se pagan, se genera riqueza y, como dicen los economistas, el flujo y el capital circulan. En una época de estrechez la tendencia se invierte. Cádiz como provincia crece y se desarrolla, luego no es extraño que nazcan discrepancias y con ellas los pleitos, de ahí que la tasa de litigiosidad suba paulatinamente.

-Existe un incremento de los procedimientos complejos que atañen a organizaciones delictivas, ¿cree que el derecho procesal es a día de hoy más importante que el derecho penal, por la de recursos que se interponen en una misma causa?

-No, lo que ocurre es que el principio de legalidad reclama y exige que la articulación del derecho material se realice de una manera determinada. Ello va dirigido a dotar al sistema de las garantías precisas. No olvide que no puede haber una sentencia condenatoria sin actividad probatoria de cargo advenida correctamente al juicio oral. Ese correctamente está íntimamente ligado a cómo se conduce el proceso. El debido proceso es una conquista irrenunciable. Ahora bien, que ese sistema de garantías pueda parecer en ocasiones como una clara maniobra de fraude procesal es otra cuestión. Le puedo asegurar que encontrar el tono justo no es nada fácil.

-Con respecto al crimen organizado, ¿cree que era necesario la implantación de recursos específicos como el fiscal anticorrupción o el grupo policial Greco?

-Por supuesto que me parecen necesarias todas aquellas medidas encaminadas a dotar de musculatura a nuestro Estado de Derecho. Tales medidas, por los indicadores con los que contamos, eran absolutamente precisas. Existe un amplio espectro de delincuencia organizada que opera en distintos sitios y nuestra provincia no es ajena. Son actividades delictivas de todo tipo: robo, falsificación documental o la de medios de pago, pasando por la prostitución, trata de blancas, inmigración ilegal o tráfico de estupefacientes y blanqueo de capitales. El Estado de Derecho no puede permitir que se instalen bandas en nuestro país, por eso es preciso contar con los mejores recursos para erradicarlos.

-En otro orden de cosas, ¿qué previsión de nuevos juzgados (pedidos y aprobados) hay para la provincia gaditana?

-Se está haciendo un esfuerzo enorme en esta legislatura por superar déficits históricos sobre la planta judicial. Hace unos días se inauguraban juzgados en toda España y para final de año tendremos más. Estamos en plena designación de los que habrán de ponerse en funcionamiento en unos meses. Perdóneme que no se los designe pero el respeto al proceso me hace ser cauteloso. Sí le puedo asegurar que se conoce por la memoria del TSJA la situación puntual de cada partido judicial.

-¿Y qué opinión le merece como magistrado las críticas de la Fiscalía de Medio Ambiente de Cádiz sobre las sentencias laxas que se dictan en la Audiencia contra las construcciones ilegales?

-Como cualquier crítica, analizable, máxime cuando es fruto de la reflexión y el trabajo. Lo importante es la proyección de futuro pues no olvide que jueces y fiscales vamos en el mismo barco. Sobre las posibles discrepancias estamos trabajando muy firmemente. Le resaltaré que hace escasas semanas ha tenido lugar un encuentro de jueces y fiscales con el objetivo de analizar esas situaciones de tensión y superarlas. Quisiera destacar aquí el papel que esta cumpliendo el foro de formación y estudios medioambientales del CGPJ.