ETA y la discordia

Sólo algún irresponsable podría pensar que el proceso que ponga fin a un fenómeno terrorista tan incrustado en el tejido social como el de ETA, se resolverá mediante un simple acto positivo de voluntad de los violentos, súbitamente convertidos a la democracia, conscientes de sus pasadas atrocidades y dispuestos por tanto a abandonar las armas a cambio de nada, tan sólo a la espera de la magnanimidad del Estado en lo concerniente a los presos y a los prófugos de la Justicia. De hecho, Rodríguez Zapatero ha advertido siempre, en todas sus intervenciones públicas sobre el asunto, de que el fin del terrorismo requerirá un proceso largo y dificultoso, plagado de obstáculos.

Uno de esos obstáculos ha sido la información difundida por Gara según la cual el Gobierno y ETA habrían pactado en febrero la hoja de ruta del proceso de paz: ETA renunciaría a la violencia y al aprovisionamiento, en tanto el Gobierno rebajaría la presión policial, evitaría las detenciones y reconocería el derecho a decidir de Euskadi y Navarra. Hasta los más insolventes terroristas de base serían capaces de entender que la publicación de este pacto en este momento entorpece gravemente el proceso de paz (entre otras razones, porque al no haber consenso PP-PSOE, la oposición esgrimirá con beligerancia esta noticia, como efectivamente ha ocurrido), por lo que es lógico imaginar: a) que la publicación del plan ha sido decidida por el sector más duro y menos dialogante de ETA, y b) que al tratarse de una artimaña estratégica y por venir de quien viene, la información carece por completo de credibilidad. En cierto modo, esta jugarreta etarra al Gobierno es semejante al comprometedor desaire de Batasuna al PSE cuando, horas después del protocolario encuentro Patxi López-Arnaldo Otegi, portavoces de la organización ilegalizada declaraban que su legalización -urgida como condición sine qua non para el diálogo por el PSE-, debía venir de la mano de la derogación de la Ley de Partidos, no de la renuncia expresa de Batasuna a la violencia. En circunstancias normales, con los grandes partidos políticos estrechamente aliados en contra del enemigo terrorista, estos incidentes serían irrelevantes porque la unidad democrática habría desactivado de antemano el despliegue publicitario y propagandístico de ETA. En cambio, en la situación actual, estos episodios son utilizados por los adversarios del Gobierno para poner palos en las ruedas del proceso de paz y, de paso, debilitar electoralmente a la mayoría. La opinión pública habrá puesto sin duda los pertinentes adjetivos a esta actitud, que ciertamente no es un dechado de grandeza ni de sentido del Estado, pero las cosas no son siempre como quisiéramos que fuesen.

En otras palabras, el escándalo suscitado por las declaraciones de ETA pone de manifiesto lo que ya se sabía pero no se reconocía en toda su dimensión: la fractura política actual, que es causa de que el PP esté dando más crédito a ETA que al PSOE, dificultará muy seriamente, si no impedirá por completo, el progreso del proceso de paz. Esta evidencia debería forzar diversas reflexiones, con sus consecuencias en cada caso. De cualquier modo, no sería honrado silenciar la gravedad del hecho de aceptar como válidas las informaciones emitidas por ETA en este asunto. Porque, en primer lugar, es objetivamente inicuo creer en la palabra del terrorismo antes que en la de un demócrata ungido por la soberanía popular, sobre todo cuando los hechos desmienten las declaraciones: desde el alto el fuego del 22 de marzo se han producido 35 detenciones de presuntos etarras, hasta un total de unos 200 desde que arrancó la legislatura. Y, en segundo lugar, tiene escasa explicación la resistencia a aceptar el intento de poner definitivamente fin a la peor lacra que padeció la democracia española.