Emilio Botín será juzgado por el traspaso irregular del uno por ciento de Banesto

El presidente del Grupo Santander, Emilio Botín, y otras ocho personas que integraban la comisión ejecutiva del banco durante 1994 serán juzgados en los próximos meses por el traspaso irregular del 1% de las acciones de Banesto al entonces equipo directivo de Alfredo Sáenz. Así se deriva de la resolución dictada ayer por el titular del juzgado de instrucción número 3 de Santander, que tras concluir la investigación del caso aprecia indicios suficientes de la presunta comisión por parte de los acusados de los delitos de fraude fiscal (por una cuantía cercana a los 10 millones de euros) y apropiación indebida.

En esta ocasión, y a diferencia de anteriores procesos judiciales que afectan al banquero cántabro, el Ministerio Fiscal está al frente de las acusaciones, que pueden pedir hasta ocho años de cárcel para Botín y sus antiguos colaboradores. Ahora disponen de diez días para presentar sus respectivos escritos de calificación, pero este plazo no empezará a correr hasta que se resuelvan los primeros recursos que se presenten contra el auto, medio que utilizarán con toda seguridad los abogados de los imputados y del propio banco, quienes también apelarán a la Audiencia Provincial para parar el proceso.

Omisión ante Hacienda

En su resolución, el juez instructor del caso, Fernando Vegas García, afirma que los nueve directivos del Santander acusados «omitieron declarar ante la Hacienda Pública los rendimientos en especie (opciones sobre acciones) con que contribuyeron al plan de incentivos a los directivos de Banesto», por su buena labor tras ser adquirida esta entidad por el citado grupo. Dichos emolumentos extraordinarios se concretaron mediante la venta el 21 de octubre de 1994 de una partida de 6,1 millones de títulos, «por un precio inferior al real» (400 pesetas a las 848 que valía entonces cada participación en Bolsa) y «cuya financiación sufragó el Santander» (de aquí la supuesta apropiación).

Premio a los directivos

Esta misma operativa se utilizó en noviembre de 1996 y 1997 para premiar a los dos nuevos directivos incorporados entonces a Banesto. El juez afirma que esas retribuciones no fueron comunicadas a Hacienda, por lo que el banco habría «defraudado» así al fisco un total de 9,8 millones de euros. Junto a Emilio Botín, están acusados los directivos Matías Rodríguez Inciarte, José Luis Díaz Fernández, Rafael Alonso, Rodrigo Echenique, Juan Secades, Ignacio Benjumea, Juan Carlos Rodríguez Cantarero y José María Espi. La dificultad del caso radica, además de que son varios juzgados de distintas provincias los que investigan el mismo asunto (según donde resida cada imputado), en que la interpretación técnica de la operación bajo sospecha es complicada, hasta el punto de que al principio ni siquiera la Agencia Tributaria tuvo claro que hubiera algo irregular. Fue a raíz de una querella del abogado Rafael Pérez Escolar, ex colaborador de Mario Conde y condenado por el caso Banesto, cuando el Ministerio Público revisó todo el expediente.

Por el contrario, el banco alega que los directivos tributaron por esas acciones cuando obtuvieron un beneficio real por ellas. Según su tesis, esto ocurrió en septiembre de 1998, cuando finalizó el saneamiento de Banesto y la entidad les liberó de las cláusulas.