El Gobierno convino con ETA los pasos del proceso pero niega compromisos políticos

El Gobierno negó haber adquirido compromisos con ETA para propiciar la declaración de alto el fuego del 22 de marzo. La Moncloa rehusó comentar la versión de la fase preparatoria del cese de actividades difundida ayer porque la información «no tiene ninguna credibilidad». El Ejecutivo indicó, además, que si bien José Luis Rodríguez Zapatero autorizó el 29 de junio la apertura de conversaciones aún no se ha producido ningún contacto con ETA.

Ni compromisos ni garantías. El Gobierno fue rotundo al desmentir que hubiera contraído obligaciones con ETA a cambio de silenciar las armas. Fuentes gubernamentales admitieron que hubo contactos previos porque «estas cosas no surgen de la nada», pero en ningún caso se alcanzaron acuerdos sobre aspectos concretos y menos sobre cuestiones políticas, como apunta el diario Gara, a cambio del final de los atentados. Medios del PSE agregaron que únicamente se convino con la banda, hace meses, el procedimiento para desarrollar el proceso: alto el fuego, verificación del cese de la violencia y autorización de las conversaciones.

Las fuentes consultadas señalaron que es imposible que un gobierno democrático pueda prometer la inactividad del Estado de Derecho contra una organización terrorista ya que existe una división de poderes que permite actuar a la justicia sin intromisiones del Ejecutivo. En este sentido, recordaron las últimas actuaciones del juez Fernando Grande-Marlaska contra dirigentes de Batasuna. Además, el Gobierno no puede arriesgarse a ordenar a las fuerzas de seguridad que paralicen las operaciones contra ETA porque una instrucción semejante enseguida afloraría.

Cronología

El desarrollo de los acontecimientos hace pensar que sólo existe un punto de vista común entre el Ejecutivo y la organización terrorista: el del procedimiento a seguir. El presidente del Gobierno y la vicepresidenta han señalado en reiteradas ocasiones que tras el alto el fuego se abriría una etapa de verificación y después de ésta se autorizarían los contactos. ETA no ha cuestionado esta sucesión cronológica aunque exigió más rapidez en su entrevista del 14 de mayo. Los acuerdos que puedan alcanzarse vendrán, como es lógico, cuando se sienten a hablar representantes de una y otra parte.

Este encuentro, según las fuentes consultadas, aún no se ha producido ni se prevé a corto plazo porque todos los focos están puestos en esa reunión. Cuando las aguas se calmen y en el momento más inesperado, se producirá la entrevista.

Las fuentes consultadas no quisieron comentar la cronología previa al alto el fuego descrita en el rotativo vasco. La Moncloa ni confirmó ni desmintió en anteriores ocasiones que el primer contacto con ETA fue en formato epistolar y se produjo en el verano de 2004, y que las primeras conversaciones por personas interpuestas se produjeron un año después. El Gobierno tampoco ha negado que el escenario de las reuniones fue el País Vasco para los encuentros entre representantes del PSE y Batasuna, y la capital noruega y la ciudad suiza de Ginebra entre los del Ejecutivo y la organización terrorista con la intermediación del Centro para el Diálogo Humanitario, una entidad dedicada a la resolución de conflictos internacionales. La consigna de desmentir la existencia de acuerdos previos con ETA fue seguida por todos los portavoces gubernamentales y del PSOE que tuvieron ayer actividades públicas.

El ministro del Interior negó desde Rabat, donde asiste a la I Conferencia Euroafricana sobre Migraciones y Desarrollo, que el Gobierno se haya reunido hasta ahora con ETA y, por tanto, las informaciones que apuntan a que el Ejecutivo prometió en febrero en un encuentro bilateral que cesarían las detenciones.

Alfredo Pérez Rubalcaba dijo no haber leído la información y saber sólo de su contenido por mensajes telefónicos, pero aseguró que «cuando comiencen los contactos o el diálogo con ETA, yo mismo iré al Parlamento para explicar a los grupos el contenido del mismo». «Eso -precisó- podrá ser a finales de septiembre».

Las claves de la acción

El ministro recordó que las «claves de la acción del Gobierno en el proceso de paz en Euskadi las enumeró el presidente Rodríguez Zapatero en el Parlamento» y en esa misma intervención fijó algunos «elementos claves» o «pautas de comportamiento», como son la Constitución, el Estado de Derecho y la Ley de Partidos, «que es de obligado cumplimiento para todas las formaciones que quieran participar en el juego democrático de España». Esos principios, subrayó, siguen «totalmente vigentes».

El ministro de Justicia también se sumó a la ofensiva y puso en duda el rigor informativo del rotativo vasco porque es «un panfleto» especialista «no sólo en la desinformación sino en la intoxicación». Juan Fernando López Aguilar desmintió «por completo» los datos divulgados y los comparó con otros «líbelos» que se publican en ese medio informativo para dar «una justificación de los injustificable y explicación de lo inexplicable».

El portavoz socialista en el Congreso, Diego López Garrido, sostuvo por su parte, que «nunca puede haber ningún acuerdo de un gobierno democrático con una banda terrorista», y tampoco ha ocurrido ahora. El dirigente del PSOE reclamó prudencia porque un proceso de paz es «muy delicado» y no se puede estar pendiente de «lo que se le ocurra decir a cada medio de comunicación, a los comentarios sin fundamentos y anónimos». Insistió en que los límites del proceso de paz están marcados por la Constitución, la ley de partidos y la ausencia de un precio político por la paz.

El secretario de Relaciones Institucionales del partido gubernamental, Alfonso Perales, mantuvo la sintonía y se negó a admitir que la información del diario sea «la verdad revelada» y más bien, dijo, se trata de una relación de hechos «sin contrastar» y con el único fin de «ensombrecer el proceso largo y difícil» que se ha abierto.

Perales señaló que la mejor prueba de la falsedad de la información es que se habla de acuerdos para que no hubiera detenciones y desde el inicio del alto el fuego se han producido 35, y en la legislatura, 200. «Los hechos son claros», remató, pero también se mostró seguro de que relatos como el del rotativo «inundarán los espacios periodísticos» en los próximos meses.