El Estatuto del Empleado Público flexibiliza la jubilación anticipada de los funcionarios

Luz verde. El Consejo de Ministros aprobó ayer el proyecto de Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, que abre la puerta a la jubilación anticipada del colectivo, según confirmó ayer el titular de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla. El ministro reconoció que se trata de un capítulo incorporado a última hora, que contempla «con carácter excepcional y en el marco de planificación de los recursos humanos» la posibilidad de «establecer condiciones especiales de jubilación voluntaria» a negociar con los sindicatos.

Añadió que el futuro Estatuto también es proclive a constituir una mesa para abordar el derecho a la jubilación parcial de los empleados públicos, por lo que la futura normativa afecta a 2,5 millones de trabajadores. En junio del año pasado, Sevilla anunció que alrededor de 25.000 empleados públicos de la Administración General del Estado (AGE), con edades comprendidas entre los 58 y los 64 años podrían acceder a la prejubilación (antes de los 60 años) o a la jubilación anticipada (a partir de los 61 años). La noticia contó enseguida con el rechazo de Economía y Hacienda, cuyo responsable, Pedro Solbes, apuntó que «lo lógico» era «alargar la vida laboral y no acortarla». Ahora, pasado un año, el titular de Administraciones Públicas ha conseguido introducir en el área pública el derecho al retiro anticipado.

Negociación colectiva

Entre las medidas más reseñables del proyecto aprobado destaca que consolida la negociación colectiva, por lo que Jordi Sevilla insistió en que se trata de una norma que «no va en contra de nadie», en alusión a las reformas de los estatutos de autonomía. «Se limita a fijar unas condiciones mínimas y básicas a incrementar por las comunidades», reiteró, al mismo tiempo que lamentó «los análisis catastrofistas» de las últimas semanas. Las retribuciones básicas serán iguales para todas las administraciones públicas mientras que las complementarias serán fijadas por cada administración. El proyecto también propone la creación del personal directivo, que se responsabilizará de los resultados de la gestión. Además, las normas de acceso y la forma de selección de los empleados públicos también cambian y se recoge la creación de un código de conducta.

Uno de los objetivos del Estatuto con esta iniciativa es reducir el elevado índice de temporalidad de las administraciones públicas, y de hecho el ministro informó que espera que en un periodo de cuatro años, la tasa baje al 9%.

«Es un poco difícil hacer pronósticos porque son decisiones que también dependen de las comunidades y de los ayuntamientos», dijo. Fuentes de su Departamento señalaron que el mayor problema se halla en el ámbito municipal, donde la eventualidad sobrepasa el 30%. En septiembre, el proyecto entrará en el Congreso de los Diputados para su tramitación, pero el ministro Sevilla se ha encargado de firmar con determinadas fuerzas parlamentarias acuerdos que respaldan la futura norma. «Con independencia del PSOE, contamos con el apoyo por escrito de ER, CiU y PNV y verbalmente con el de IU-ICV y CC, lo que da una mayoría más que suficiente para sacar adelante el Estatuto», afirmó.