España es diferente, los autos judiciales también

La Constitución Española y sus leyes de desarrollo establecen algunos principios fundamentales que obligan a todos los poderes públicos. Son algunos como: la Igualdad, la Interdicción de la arbitrariedad, la Equidad, la Proporcionalidad en la toma de decisiones judiciales restrictivas de derechos, el sometimiento de las actuaciones de las administraciones públicas a la ley, el derecho a la presunción de Inocencia, la Libertad En el mundo utópico de la Teoría del Derecho, esto es así. Son las garantías que definen el Estado de Derecho.

La Jurisprudencia es, por otra parte, fuente subsidiaria de Derecho. Tras reiteradas sentencias, el Tribunal Constitucional ha sentado jurisprudencia en el sentido de que la prisión preventiva sin fianza, deberá ser una medida excepcional, que debe evitarse siempre que no sea absolutamente necesaria. Que nunca debe entenderse como la norma habitual. Lamentablemente está generalizada en la judicatura española y especialmente en la gaditana. Nosotros sabemos que, en la práctica, esta teoría jurisprudencial no se cumple: lo percibimos en nuestra propia carne, desde nuestra posición de internos en estas prisiones andaluzas masificadas por una mayoría de presos preventivos sin fianzas, y por otros condenados sin pruebas objetivas merced a la, en teoría abolida, «convicción moral» de los jueces, práctica que, en muchos casos, está reemplazando al Derecho a la presunción de Inocencia. En este país ya estamos acostumbrados a recibir en prensa y televisión la ración diaria de Autos Judiciales. Y la verdad es que de su análisis da la sensación de que hay algo que hiede cuando observamos actitudes tan singulares, subjetivas y dispares como las que día a día nos ilustran los medios, por cierto, en algunos casos, aderezados como carnaza informativa (Canal Sur Televisión, Tele 5, Antena 3, periódicos locales ), y con lamentables personajes de deshecho mediático practicando intrusismo periodístico y judicial. Ejemplos tenemos muchos Presuntos delitos contra la salud pública, con extraordinaria alarma social, con personajes implicados en el manejo y uso de sustancias dopantes, con médicos imputados por el uso ilegal de productos de transfusión sanguínea enriquecidas con EPO y destinados a famosos ciclistas profesionales, quedan en libertad tras brillantes e inmotivados autos judiciales, sin o con mínimas fianzas. Mientras tanto, aquí tenemos a decenas de presos preventivos por posesión de mínimas cantidades de cocaína que cabrían, como dosis diaria, en las narices de algunos políticos, empresarios, ejecutivos , presos con familiares en el más absoluto desamparo, auténticas cabezas de turco de nuestro sistema político-judicial. Y hablando de médicos, aquí, en Puerto II, tenemos en prisión preventiva a nuestro propio médico, Paco Casto, protagonista de una actuación policial y judicial, camino del estrellato, presunto autor del execrable crimen de intervenir en la tramitación de una Incapacidad de una joven, a su vez culpable del delito de ser la madre de una hija famosa, víctima de un ensañamiento mediático amarillista sin precedentes en España, caso de auténtica y genuina alarma social judicial de tercermundismo made in Spain.

A. César Muley Mateos. Interno del Centro Penitenciario Puerto II