Batasuna, interlocutor

Si, como parece más que probable, existe una hoja de ruta sobre el llamado proceso de paz, pactada secretamente en sus elementos fundamentales entre el entorno de ETA y el Gobierno, la reuniuón PSE-Batasuna que se celebró ayer, como la declaración de Rodríguez Zapatero del pasado 29 de junio, sería un hito fundamental de ese desarrollo, que en teoría habría de conducir al abandono definitivo e irreversible de la violencia por parte de la organización terrorista y su entorno.

La entrevista de San Sebastián no ha tenido, pues, más contenido real que el de escenificar la toma en consideración de Batasuna como interlocutor en ese proceso, una vez que la organización vinculada a ETA haya pedido y obtenido su legalización. Cabe considerar, como hacen sectores de opinión, que este reconocimiento condicionado ya supone pagar un precio político. Allá cada cual en sus juicios de valor; de cualquier modo, cabe afirmar rotundamente que el grueso de los demócratas de este país paga con gusto estos pequeños estipendios protocolarios con tal que ETA vaya adquiriendo conciencia de que su disolución no representará el triunfo de sus objetivos ideológicos: la autodeterminación y la territorialidad. Es muy difícil de entender que la primera fuerza de la oposición, que sin duda ha de ejercer en todo momento -y también ahora-, su función democrática de controlar al poder, no distinga entre esta tarea, que debería desarrollarse de forma cooperativa, de la destructiva que pretenden los demagogos encastillados en la teoría de la traición, según la cual Zapatero estaría a punto de acabar con ETA por el procedimiento de ponerse en sus manos, de colmar sus históricas aspiraciones. En cualquier caso, cada cual es hijo de sus obras, y el PP deberá aceptar las consecuencias de sus propios actos. De momento, el Poder Judicial, en quien creyó tener un aliado, le está abandonando en aras del rigor y la inteligencia: el juez Garzón, en un auto que es un dechado de sentido común, se ha negado a proscribir la reunión de ayer, basándose en el argumento central de que, de hacerlo, estaría imposibilitando de hecho el propio procedimiento dialogado de acabar con ETA. Un procedimiento que -no se olvide-, ha sido un desiderátum democrático permanente, que cobró carta de naturaleza política en el Pacto de Ajuria Enea de enero de 1988. El famoso punto 10 del pacto, rubricado también por AP (Julen Guimon fue el firmante por este partido), decía textualmente: «Si se producen las condiciones adecuadas para un final dialogado de la violencia, fundamentadas en una clara voluntad de poner fin a la misma y en actitudes inequívocas que puedan conducir a esa convicción, apoyamos procesos de diálogo entre los poderes competentes del Estado y quienes decidan abandonar la violencia, respetando en todo momento el principio democrático irrenunciable de que las cuestiones políticas deben resolverse únicamente a través de los representantes legítimos de la voluntad popular».

El verdadero problema, pues, no está relacionado con ese pre-diálogo entre Batasuna y las fuerzas democráticas sino en la necesidad inexorable, para que el proceso de paz avance, de que aquella formación ilegalizada pueda aspirar de nuevo a convertirse en representante legítimo de la voluntad popular. Y es en este punto donde el sistema tiene que ser sumamente estricto: puesto que la ley de Partidos no puede ni debe derogarse (a fin de cuentas, sólo proscribe algo tan lógico como que actúen como partidos políticos las organizaciones de practican o amparan la violencia), es necesario que Batasuna se constituya de nuevo con unos estatutos que explícitamente desechen y condenen cualquier forma de violencia. En este acto positivo de reingreso al tejido democrático caben pocos márgenes de discrecionalidad: la renuncia a la violencia sólo será creíble -y útil en términos jurídicos-, cuando la propia ETA haya renunciado definitiva e irreversiblemente a la lucha armada en todas sus expresiones, desde el asesinato a la extorsión.

Es de suponer que el PSE habrá advertido con claridad a Batasuna de que la sociedad de este país no aceptaría que el diálogo avanzara por cauces políticos si con anterioridad la organización terrorista no hubiese dado garantías de que el alto el fuego permanente se ha vuelto definitivo.