Camino pendiente

La reunión entre Patxi López y Rodolfo Ares, por un lado, y Arnaldo Otegi y Rufino Etxeberria, por el otro, oficializó ayer el prolongado período de contactos que dirigentes socialistas vascos han venido manteniendo con líderes de la izquierda abertzale a lo largo de los últimos años. La brevedad del encuentro y su falta de novedades vinieron a confirmar que se trataba de ritualizar la rehabilitación de facto de una organización política que mantiene sus actividades suspendidas por orden judicial y su propia existencia declarada fuera de la ley por los tribunales. El auto del juez Garzón, desestimando la demanda presentada para que impidiera la celebración de la reunión, había añadido a ese reconocimiento formal de la interlocución radical un cierto aval judicial considerando que la cita trataba de «evitar que el hecho delictivo continúe produciéndose». Es de desear que las querellas anunciadas al término del encuentro den pie a resoluciones judiciales que esclarezcan al máximo los hechos desde el punto de vista legal. Pero esta anómala situación, en la que la diferenciación entre lo lícito y lo ilícito ha dependido hasta ahora de criterios cambiantes, podría comportar serios perjuicios para la coherencia en que ha de desenvolverse el Estado de derecho si la izquierda abertzale no se deshace con prontitud del lastre que supone Batasuna y se compromete colectivamente en recuperar la legalidad sometiéndose a lo dispuesto en la Ley de Partidos. En cualquier caso, resulta una exageración concluir -como lo han hecho los dirigentes del PP-, que el hecho mismo de la reunión signifique «pagar un precio político» inaceptable para la democracia, o incluso «la rendición del Estado de derecho». No, si los socialistas y el Gobierno de Rodríguez Zapatero evitan dejarse enredar por la agenda que tanto a ETA como a la izquierda abertzale les gustaría imponer, además, en forma de negociación política.

La cara amable que Arnaldo Otegi decidió ofrecer ayer no puede hacer olvidar lo acontecido hasta la fecha. Continúa siendo un sarcasmo que Otegi realce el carácter «civilizado y democrático» del diálogo mantenido con los dos dirigentes del PSE-EE o que sea él quien abogue por un acuerdo «de justicia y paz». Porque cuando los dirigentes de la izquierda abertzale ponen como condición ineludible para la «resolución del conflicto» la autodeterminación de Euskal Herria están evocando y, por tanto justificando, la eventualidad de que ETA vuelva a cometer atentados si sus exigencias no se ven cumplidas. Esa fue la causa que condujo a Batasuna a su ilegalización; una amenazante sombra que sólo desaparecerá cuando la izquierda abertzale acuda al registro de asociaciones con unos estatutos que expresen con total claridad que nada puede justificar la violencia. La izquierda abertzale no ha cambiado un ápice de sus planteamientos maximalistas en sus veintiséis años de existencia. Tampoco desde que ETA hiciera público su alto el fuego. Su inmovilismo no sólo imposibilita el entendimiento, sino que alimenta el escepticismo.