Inmigración e integración

El Consejo Económico y Social acaba de lanzar una seria recomendación sobre la importancia para nuestro país de dotarse de una estrategia de integración social de los inmigrantes y abandonar una visión «utilitarista» de los mismos como simples contribuyentes a los recursos de las arcas públicas. Para el CES, la transcendencia del cambio que los flujos migratorios están produciendo en la sociedad española, más allá de sus efectos sobre el empleo y la Seguridad Social, hacen necesario trabajar en la implicación de los inmigrantes en el impulso de la sociedad que les ha acogido y en la que, con mucha seguridad, se criarán sus descendientes.

El aviso, por parte de quien tiene conocimientos y atribuciones para hacerlo, hay que entenderlo como dirigido a todos los poderes públicos y no sólo al Gobierno de la nación que, precisamente, en el penúltimo Consejo de Ministros ya aprobó un Plan Estratégico de Integración para el próximo trienio, pero que no será suficiente por sí solo. Aunque lo más visible en estos momentos, también lo más dramático, sean sucesos como los que se registran en las costas canarias con las llegadas de cayucos o los asaltos a las vallas de Ceuta y Melilla, también de trágicos resultados, es obligación de los gobernantes no centrarse exclusivamente en tapar los «agujeros» de la inmigración ilegal sino en planificar con tiempo y con cabeza una materia tan delicada para la correcta convivencia en nuestras complejas sociedades. Los violentos sucesos que se vivieron en las revueltas de los suburbios parisinos este pasado invierno o las recientes encuestas publicadas en el Reino Unido, en las que un 13% de los musulmanes británicos consideran mártires a los suicidas de la masacre de hace un año en Londres, son el más claro ejemplo de que una potente red de programas educativos, asistenciales y de vivienda no bastan para conseguir una correcta integración.

El Gobierno español debe tomar buena nota de los resultados que han dado en otros países europeos las políticas de forzados programas integracionistas que resultan un fracaso cuando la segunda generación se enfrenta a una crisis económica que les impide acceder a un empleo de calidad y, por tanto, disfrutar de esa larga lista de derechos «teóricos» propios de las sociedades democráticas. Pero también de las consecuencias de una política de abierto multiculturalismo que, a la postre, consagran la autosegregación y el resentimiento hacia el país que acogió a sus padres. El reto no es fácil, pero es inevitable abordarlo con una visión a largo plazo.