Garzón autoriza la reunión entre el PSE y Batasuna porque no incurren en delito

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón autorizó ayer la reunión que hoy van a celebrar en Bilbao los líderes del PSE-PSOE, Patxi López, y de Batasuna, Arnaldo Otegi, por considerar que «a priori» no incurren en hecho delictivo alguno con el encuentro. El magistrado aclara en su resolución que la suspensión total de actividades de Batasuna, decretada en enero por considerarla el «frente político-institucional» de ETA, no prohíbe hablar con miembros del partido ilegalizado y menos en este caso.

En este sentido, Garzón destaca que la entrevista está orientada, según los informes de la Ertzaintza y la Policía Nacional, a «evitar la continuidad delictiva» de la formación proscrita y a alentar su retorno a la legalidad y el alejamiento de la violencia.

El auto judicial rechaza así la reclamación presentada el lunes pasado por la asociación de víctimas Dignidad y Justicia (DyJ), que exigía al juez prohibir la entrevista entre López y Otegi por considerar que era un acto delictivo que violaba el auto de suspensión de actividades de Batasuna.

La decisión del juez coincide con la de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que unas horas antes sostuvo en su informe que la entrevista no debía prohibirse porque su objetivo no es «ensalzar los crímenes de ETA» sino «aproximar a quienes están integrados en la ilegal Batasuna a la renuncia de la violencia y a la aceptación de las reglas democráticas del Estado de Derecho».

Garzón explica que los tribunales no pueden prohibir de forma «preventiva» una iniciativa del PSE -demandante del encuentro-cuando «no se observa ningún elemento que induzca a pensar que pretende favorecer la acción delictiva» de ETA. «El juez se convertiría en una especie de controlador de la acción política de un partido democrático, acción que sería ilegal por contraria a Derecho», añade.

El magistrado instructor cree que el control judicial de la reunión sólo cabe a posteriori. Con tal motivo, ordena al Servicio de Información de la Policía Nacional que elabore un «amplio» informe sobre el resultado de la entrevista, «en lo que concierne a la actividad de las personas y organización -el partido ilegalizado y sus dirigentes- a las que se refiere este procedimiento (el sumario de Batasuna)», para poder actuar en caso de detectarse comportamientos delictivos.

El diálogo con ETA

El juez precisa que la suspensión total de actividades de Batasuna «no puede extenderse a la prohibición de hablar o exponer ideas que, a priori, no se sabe si tendrán contenido delictivo o no». Comenta que si fuese así, «no sería posible ningún diálogo con personas que hubieran cometido un hecho delictivo» y que «el potencial diálogo con la propia organización -en referencia a la banda terrorista ETA- sería inviable».

Garzón, sin citar el inicio del diálogo directo entre el Gobierno y la banda terrorista, anunciado el viernes pasado en el Congreso por José Luis Rodríguez Zapatero, destaca que «no puede hacerse de peor condición a Batasuna, como parte integrante del complejo terrorista, que a la propia vanguardia armada, encarnada por ETA, que dirige este complejo».

Añade que si hiciese caso a la demanda de DyJ, que coincide con las reclamaciones del PP, su decisión «desembocaría en una resolución de contenido político, que es lo que quizás inconscientemente se reclama del juzgado». Garzón aclara que «la responsabilidad política discurre por fuera de los márgenes de la acción judicial, que debe contraerse a la persecución, averiguación y sanción de los delitos cometidos y a la evitación de la comisión de los mismos, pero no debe ir más allá, imaginando contenidos que no se han producido, o haciendo prospecciones sobre lo que pueda suceder o no suceder».

El juez es contundente al afirmar como colofón de su auto que «ese ejercicio posibilista desnaturalizaría cualquier acción del juez como parte integrante del Poder Judicial y quebrantaría el equilibrio y respeto que debe existir entre los diferentes poderes del Estado democrático».