Investigación en El Puerto

Tras meses de reuniones y declaraciones, la comisión de investigación de viviendas ilegales de El Puerto ha finalizado ya su trabajo. A falta de que algún partido político termine sus conclusiones, que podrán ser llevadas ante la Fiscalía de Medio Ambiente, ayer Izquierda Unida presentaba su dictamen sobre dicha comisión y se exculpaba del retraso del documento final.

Entre las conclusiones más relevantes, los ediles de IU, Pepa Conde e Ignacio García destacaron dos. El primero, «la clara responsabilidad del alcalde Hernán Díaz y sus ediles de Urbanismo Miguel León, Pedro Alamillos y Juan Carlos Rodríguez, en la proliferación de viviendas ilegales desde que se aprobara el Plan Urbano vigente de 1992». Y, «la consolidación de una cultura general en la ciudad de que se puede construir impunemente una vivienda en cualquier sitio».

Entre las conclusiones más concretas que hace IU de la comisión destacan otros aspectos tales como que la construcción ilegal «se asocia a la compra-venta de pro indivisos como si fueran fincas separadas».

Falta de vigilancia

Según informó el Jefe de Policía Local en la comisión, y ayer destacó el edil de IU, «no existen mecanismos de vigilancia ni organismos o personas responsables para la detección de las construcciones ilegales que actúen de manera sistemática». De hecho, las denuncias normalmente dependen de particulares. García llamó la atención que en El Puerto, con asuntos como el Pinar de Coig o El Barranco aún no se había ordenado ninguna demolición. «La tramitación de los expedientes es demasiado lenta», explicó el edil de IU.

En cuanto a los suministros, Izquierda Unida acusa también al gobierno municipal de conceder «con relativa facilidad» agua y luz a las viviendas ilegales. «Mientras que se argumentan razones sociales, la documentación confirma que estas casas, a menudo mansiones, son de segunda residencia o vendidas por promotores».