Crédito a la conducción

El denominado carné por puntos que coincidiendo con la primera operación salida de este verano entra hoy en vigor, puede que sea virtual, -al no corresponder a un nuevo documento físico-, pero su aplicación no va a ser en absoluto imaginaria sino una realidad que deberán tener muy en cuenta los veintitrés millones de conductores autorizados en nuestro país. Y es que tras las numerosas modificaciones en las normas de seguridad vial que se han implantado en los tres últimos años, ésta del crédito por puntos -según antigüedad del permiso-, se perfila desde luego como la más efectista, y habrá que ver si también como la más efectiva.

Donde es incuestionable que lo ha sido es en países vecinos, como Francia e Italia, que han visto reducirse la mortalidad en sus carretera hasta en un 30%, bien es cierto que en unos contextos normativos muy diferentes al español.

Los 12 puntos de los que a partir de hoy dispone cualquier conductor veterano son, en realidad, un capital de confianza cuya pérdida es un castigo añadido a las habituales sanciones por infracciones graves o muy graves. Algunos ciudadanos y asociaciones de automovilistas, con cierta lógica, han avisado de que este sistema de crédito de puntos atenta contra los derechos de los automovilistas al impedir al conductor recurrir la sanción impuesta y mermar, por tanto, su derecho a reclamar su inocencia. Pero en general todos los sectores afectados han preferido ver la botella medio llena y le han otorgado inicialmente su voto de confianza a este sistema que pretende primar la prudencia y responsabilidad, aunque sea mediante la amenaza de la doble sanción a los infractores. De hecho, esta es una de las pocas cuestiones en las que se puede hablar de unanimidad generalizada incluso entre las fuerzas políticas, puesto que el nuevo sistema de sanción suplementaria fue ya objetivo del anterior Gobierno.

Superadas las reservas sobre la posible coerción de ciertas libertades de los ciudadanos conductores, es evidente que la aplicación de la norma no va a traer aparejada la reducción inmediata de los accidentes, que conviene no olvidar, debe ser siempre el objetivo prioritario de esta medida.

Para que ello fuese así, las autoridades deberían ser capaces de proveer de los medios necesarios para velar por su estricto cumplimiento, algo que como muy bien ha recordado el secretario general de la Asociación Unificada de Guardias Civiles, está lejos de ser una realidad a tenor de la presencia actual de agentes en nuestras carreteras; algo similar a lo que ocurre con la calidad de nuestra red viaria, plagada de puntos negros, o la más que mejorable señalización de la misma. Pero en estos aspectos, igual de importantes para aumentar la seguridad en la conducción, parece que no cuentan tanto los puntos.