La Casa Blanca busca el apoyo del Congreso para mantener los juicios militares en Guantánamo
Los republicanos preparan un proyecto de ley que favorezca los planes de Bush
Actualizado: GuardarLa contundente sentencia emitida el jueves por el Tribunal Supremo de Estados Unidos -insistiendo en que el presidente, George W. Bush, rebasó su autoridad constitucional al ordenar pseudojuicios militares sin suficientes garantías para algunos de los detenidos en Guantánamo- no es el final de este trascendental pulso sobre las prerrogativas de la Casa Blanca en la lucha contra el terrorismo. La disputa se traslada ahora al Congreso federal, donde la Administración intentará aprovechar la actual mayoría republicana para conseguir una ley que autorice expresamente su estrategia punitiva.
Este cambio de tercio, en el contexto de las elecciones parlamentarias de noviembre, coloca a los demócratas en la delicada posición de respaldar plenos derechos a los 450 combatientes ilegales retenidos en la prisión extrajudicial de Guantánamo. Aún así, un abultado número de editoriales, análisis y reacciones coincide en que la Casa Blanca no puede seguir utilizando la guerra contra el terror para soslayar el escrutinio de otros poderes constitucionales y reglas del juego como las convenciones de Ginebra.
Cheque en blanco
Estos reproches empiezan a quedar condensados en el argumento de que el 11-S nunca debió convertirse en una especie de cheque en blanco para el Ejecutivo de Estados Unidos. Con todo, el líder de la mayoría republicana en la Cámara alta, Bill Frist, se ha apresurado a indicar su intención de introducir un proyecto legislativo que «autorice las comisiones militares y apropiados procedimientos para enjuiciar a combatientes terroristas». Opción apuntada por uno de los magistrados del Supremo, Stephen Breyer, que en su voto particular ha indicado que «nada impide que el presidente vuelva al Congreso para buscar la autoridad que crea necesaria».
Sin embargo, para el senador Edward Kennedy, demócrata de Massachusetts, la sentencia del alto tribunal es «un clamoroso repudio del comportamiento al margen de la ley de la Administración Bush en Guantánamo», además de «un recordatorio de que no existe excusa para ignorar el imperio de la ley, incluso cuando nuestro país se encuentra en guerra».