Prisión incondicional para otros dos ex ediles que apoyaron la moción de censura

El goteo de los ingresos en prisión de los ex concejales del Ayuntamiento de Marbella continúa. El juez Miguel Ángel Torres envió ayer a la cárcel a dos más de los 13 ex ediles detenidos en la segunda fase de la operación Malaya. Se trata del ex concejal del GIL, Rafael Calleja, y de José Jaén, que fue expulsado de las filas del PSOE por apoyar la moción de censura en agosto de 2003. El magistrado le imputa a este último un presunto delito de cohecho.

En el caso de Calleja, al cargo de cohecho se le suma un presunto delito de prevaricación. La imputación de este ex concejal gilista proviene de un supuesto cobro de dinero durante su gestión en el Consistorio marbellí por parte de algún empresario. El letrado que asiste al ex concejal, Pablo Luna, aseguró que el interrogatorio estuvo relacionado con esta cuestión y desmintió que percibiera estos ingresos. Al mismo tiempo, descartó que las preguntas realizadas por el juez Torres estuvieran relacionadas con la moción de censura que Calleja firmó junto a otros 13 ediles para desbancar de la Alcaldía a Julián Muñoz. «Su declaración ha esclarecido muchos aspectos del procedimiento que eran importantes», agregó el letrado, que avanzó que recurrirá el auto de prisión.

Riesgo de embolia

Una vez que Calleja ingresó en prisión fue asistido por los servicios sanitarios del centro penitenciario. El letrado que le defiende presentó certificados en los que se hacía referencia a un posible riesgo de embolia debido al estrés y a le enfermedad coronaria grave que padece.

A primera hora de la mañana de ayer, el ex concejal fue trasladado a los juzgados en un furgón policial junto a otros cinco ex compañeros de corporación que también prestaron declaración ante el juez que instruye la causa. Se trataba de Belén Carmona, Emilio Jorrín, Francisco Javier Lendínez, Antonio Luque y José Jaén.

La ex edil del PSOE expulsada de las filas socialistas tras la firma de la moción de censura quedó en libertad bajo fianza de 6.000 euros. El magistrado le imputa un presunto delito de cohecho continuado. Los familiares de Carmona intentaron recopilar esta cantidad de dinero hasta última hora de la noche.

Asimismo, el juez dictó libertad sin fianza y con cargos por un presunto delito de cohecho y con la obligación de comparecer en el juzgado los días 1 y 15 de cada mes para los tres ex ediles afines al GIL (Jorrín, Lendínez y Luque). El ex concejal Emilio Jorrín, que prefirió mantenerse en la oposición fiel a las siglas del GIL tras la moción de censura, aseguró a la salida del juzgado que se encontraba tranquilo porque sabía que «no había hecho nada». Cofundador del partido Centro Andaluz Independiente (CAI), su compañero en esta formación, Francisco Javier Lendínez, mostró su satisfacción por la decisión de su puesta en libertad. Este último tampoco apoyó la moción de censura.

Antonio Luque sí se decantó por entrar a formar parte del equipo de gobierno de Marisol Yagüe, pese a que las discrepancias con la ex regidora se incrementaron en los últimos meses de mandato. Le destituyó sucesivamente de la concejalía de Hacienda, de la octava tenencia de Alcaldía y de la gerencia del Puerto. Pese a la falta de sintonía con la ex alcaldesa mantuvo hasta el último momento las siglas del GIL en la Diputación de Málaga para percibir la asignación económica. Tras los miembros de la corporación, el siguiente en declarar ante el juez fue el ex jefe de la Policía Local, Rafael del Pozo. Tras su comparecencia, Miguel Ángel Torres decretó su puesta en libertad sin fianza y con la obligación de comparecer los días 1 y 15 de cada mes. Se da la circunstancia de que el superintendente ya compareció ante el juez instructor del sumario en la primera fase de la operación Malaya. En aquella ocasión, una vez que declaró, el magistrado firmó el auto de prisión eludible con una fianza de 20.000 euros en el que se le imputaron los cargos de encubrimiento, tenencia ilícita de armas, omisión del deber de perseguir delitos y prevaricación. Al cierre de esta edición aún permanecían en las dependencias judiciales a la espera de declarar el empresario Carmelo Armenta Rodríguez y el propietario de Construcciones Salamanca, Emilio RodrÍguez Bugallo.