Dos detenidos por presunta relación con la red de extorsión de ETA

Agentes del Cuerpo Nacional de Policía han detenido esta mañana en Guipúzcoa a Emilio Castillo González de Mendívil y José Ignacio Elosúa Urbieta por su presunta participación en la red de extorsión de la banda terrorista ETA. Las detenciones elevan a 14 -siete en España y siete en Francia- los arrestos practicados en el marco de la operación contra la red encargada de la gestión del denominado "impuesto revolucionario".

Castillo González de Mendívil nació en Irún, tiene 65 años y está domiciliado en Fuenterrabía (Guipúzcoa), mientras que Elosúa Urbieta, de 58 años, nació en Zumaya (Guipúzcoa) y tiene su residencia en Irún. Este último es hermano de Joseba Imanol Elósua Urbieta, detenido el pasado día 20 en Santa Pola (Alicante) y que ingresó en prisión el día 24 por orden del juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska. Precisamente el juez, que ha dirigido esta segunda fase de la operación, toma hoy declaración a la esposa y al hijo de Joseba Imanol Elósua.

Un sumario abierto desde 2005

Grande-Marlaska mantiene en secreto desde hace un año una investigación judicial sobre el cobro del 'impuesto revolucionario', al margen del sumario que la pasada semana desencadenó la detención de una docena de supuestos activistas en España y Francia.

En este sentido, una decena de empresarios vascos y navarros han sido ya interrogados- sin ningún tipo de publicidad- por el magistrado en el marco de un hasta ahora desconocido sumario 431/05. Esta causa fue abierta por Grande-Marlaska en 2005, al poco tiempo de hacerse cargo del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional en sustitución de Baltasar Garzón. El origen de esta investigación son varios documentos incautados a responsables financieros de ETA en Francia el pasado año, en los que aparecían los nombres de los empresarios que ahora están siendo citados, las cantidades que supuestamente habrían abonado a la banda terrorista, así como 'deudas' a las arcas de ETA.

Todos los empresarios que han pasado hasta ahora por el juzgado de Fernando Grande-Marlaska han declarado como imputados para, según la Fiscalía, "aumentar sus garantías procesales" al ser interrogados en presencia de sus abogados de confianza. Las últimas indagatorias del magistrado en esta causa han sido esta misma semana: el lunes por la tarde interrogó a dos empresarios cuyo nombre no ha sido dado a conocer y este martes tomó declaración en absoluto secreto a otros dos.