Severidad, pero con eficacia
Actualizado: GuardarEs comprensible que la política de seguridad vial se acompañe de una pedagogía paralela que advierta sobre la gravedad de conculcar unas normas que han de ser necesariamente severas. Pero una cosa es esa función pedagógica o divulgativa y otra bien diferente extremar las advertencias con mensajes alarmistas que, lejos de ilustrar adecuadamente al conductor, lo colocan en un estado poco recomendable, a medio camino entre la inseguridad y la excitación. Y es que de aplicarse las sanciones anunciadas el martes pasado por el titular de Justicia, y de ser ciertas las cifras manejadas por algunos estudios de asociaciones automovilísticas, 80.000 conductores podrían ir a la cárcel; algo que en un país con una población reclusa de algo más de 63.000 presos, sería difícilmente digerible. La reforma anunciada pretende castigar con pena de cárcel a los conductores que superen la tasa de 1,2 gramos de alcohol por litro de sangre, a quienes superen en 40 kilómetros por hora la velocidad máxima permitida en vías urbanas, y en 70 por vías interurbanas o circulen sin carné, o con el mismo suspendido o retirado. El fin superior de conseguir una circulación segura -4.000 personas mueren en nuestras carreteras cada año-, merece cuantas medidas sean precisas hasta dar con las que hagan posible aquel objetivo, pero éstas pasan por la redacción de normas y reglamentos viables y realmente aplicables. No se trata de esgrimir irracionalmente el espacio de libertad individual frente a la dureza de unas normas que limitan el aprovechamiento del vehículo propio. Lo que, sin ser falso, no es tampoco argumento sostenible desde el punto de vista social, por cuanto se trata de atajar conductas que repercuten sobre el prójimo. Ahora bien, esos pequeños recortes a una libertad subjetiva son más difíciles de aceptar cuando se sabe que los accidentes de tráfico son también consecuencia de una red viaria, urbana e interurbana, que no se mejora al mismo ritmo que aumenta el parque automovilístico y se endurecen las sanciones. La relación de la imprudencia, ya sea por exceso de velocidad o consumo de alcohol, con la mayoría de los accidentes mortales, es incontestable, como también lo es la conveniencia de aplicar castigos que sirvan de escarmiento. Sin embargo sería deseable que las admoniciones diesen paso a una normativa clara y eficaz.