La norma sobre Dependencia supera su primer trámite parlamentario

La futura ley de atención a la Dependencia solventó ayer su primer test parlamentario sin sobresaltos. Las tres enmiendas de totalidad que cuestionaban el ambicioso proyecto del Gobierno, firmadas por CiU, PNV y Eusko Alkartasuna, fueron rechazadas en el Congreso y el texto sigue ahora su curso parlamentario en la Comisión de Asuntos Sociales. Al PSOE les bastaron sus votos, la ayuda de ERC y de IU-IV, y la abstención del PP para salvar el estreno de uno de los proyectos de mayor alcance de toda la legislatura.

El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, definió la futura ley de nombre interminable -de promoción de la autonomía personal y atención a la dependencia- como «un hito en la construcción de los derechos sociales de este país». Sobre ella se construirá de forma gradual (a partir de 2007, para completarse en 2015) el Sistema Nacional de Dependencia, que garantizará la atención a las personas que, por edad, enfermedad o discapacidad, no pueden valerse por sí mismas; a día de hoy en España, casi 1,3 millones.

Las tres enmiendas que pedían la devolución del texto al Ejecutivo procedían de las filas nacionalistas y denunciaban el proyecto como un atentado contra las competencias exclusivas de las comunidades autónomas en materia de asuntos sociales.

Discrepancias

Además de la intromisión en las potestades autonómicas, Begoña Lasagabaster, de EA, preguntó a Caldera por qué el Gobierno sólo compromete financiación (más de 12.500 millones de euros) hasta el año 2015, cuando se supone que el Sistema Nacional de Dependencia estaría operativo de pleno, pero no avanza cuál será su participación a partir de entonces. «¿Qué pasará en 2016 con ese nuevo derecho de ciudadanía que dicen crear?», inquirió.

La futura Ley de Dependencia cimentará el llamado cuarto pilar del estado del bienestar. Pretende garantizar a todos los españoles el derecho a la asistencia cuando se encuentren en situación de dependencia y queden incapacitados para valerse solos. La atención no será gratis total, funcionará el copago. De media, la factura asumida por el beneficiario no superará el 30% del coste de la prestación que reciba.

El proyecto de ley pasará ahora a debate en la comisión de Asuntos Sociales del Congreso, donde le esperan más de 500 enmiendas parciales para intentar mejorar su contenido.