La Comisión Europea (CE) ha propuesto hoy una reforma drástica de la Organización Común de Mercado (OCM) del vino que prevé el arranque de 400.000 hectáreas de viñedo en cinco años y que el sector afectado en España rechazó porque provocará su "desmantelamiento".

El Ejecutivo comunitario admitió que las propuestas presentadas para esta reforma "empeorarán" el sector a corto plazo y forzarán el abandono de las viñas menos competitivas, pero cree que, a largo plazo, se recuperará el mercado.

Bruselas reconoció que sus ideas para cambiar drásticamente el sector causarán desequilibrios al principio, en regiones como Castilla-La Mancha y en industrias como la del brandy, aunque posteriormente se podrá mantener la rentabilidad de la producción.

El estudio de impacto también aprobado hoy analiza las cuatro opciones presentadas por Bruselas para la reforma, entre las que la CE prefiere una revisión profunda, con medidas como la potenciación del arranque de 400.000 hectáreas de viña (el 12% de la UE) en las explotaciones menos rentables.

Supresión de las ayudas comunitarias

La CE pretende además suprimir las ayudas comunitarias actuales al sector (destilación, producción de mosto o almacenamiento privado) y sustituirlas por un presupuesto asignado a cada país que los Gobiernos distribuirán según sus preferencias.

No obstante, la comisaria europea de Agricultura, Mariann Fischer Boel, ha afirmado en rueda de prensa que "no excluye" plantear que siga autorizándose una destilación de emergencia, para que la puedan ejercer los países de la UE dentro de su "sobre nacional".

Por su parte, el secretario general de Agricultura y Alimentación, Josep Puxeu, ha valorado hoy que la propuesta de la Comisión Europea no se centre sólo en el arranque de viñedos y que contemple más variables para adecuar las producciones al mercado.

Puxeu ha hecho estas declaraciones en Sevilla, en las que ha indicado que el arranque de 400.000 hectáreas de viña en cinco años se ha usado para "simplificar" la posición de la Comisión, y precisó que la legislación prevé ya mecanismos de arranque para casos determinados.

Ha dejado claro que, si fuese una propuesta centrada sólo en arrancar viñedos y en reducir potencial productivo, el Gobierno español estaría en contra, pero aplaudió el abanico de medidas que contiene la reforma como la destilación y los planes de reestructuración y de acceso al mercado, y que se mantenga el presupuesto para el sector.

Tras conocer las líneas básicas de la propuesta, las cooperativas y las organizaciones agrarias españolas (CCAE, Asaja, COAG y UPA) coincidieron en su rechazo porque consideraron que supondrá "el desmantelamiento del sector vitivinícola español".

Sin embargo, los productores de vino de la Unión Europea (CEEV) se mostraron a favor de llevar a cabo una "reforma en profundidad" de la Organización Común del Mercado para recuperar la competitividad del sector y fomentar el consumo responsable.

El presidente de la comisión OCM del vino del CEEV, el español Pau Roca, indicó que se trata de una "oportunidad única" para recuperar la rentabilidad del sector comunitario del vino en el marco de un panorama internacional "cada vez más competitivo".

En el plano político, el PSOE y el PP coincidieron en que la propuesta de reforma es "intolerable" en lo relativo al arranque de 400.000 viñas, si bien precisaron que no se trata de un texto cerrado y que queda "margen de negociación" para su mejora.