Una juez de Fuengirola ordena el embargo de una sede del PP en Madrid por una deuda electoral del año 1991
Un candidato de Benalmádena denunció al partido por incumplir una póliza de crédito por la que abonó 67.000 euros
Actualizado: GuardarLa titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Fuengirola, Esperanza Brox, ha ordenado el embargo de una de las sedes del Partido Popular en Madrid situada en la calle Génova número 15 (junto al inmueble en el que se encuentra la sede nacional, en Génova 13), para hacer frente al pago de una deuda contraída por el partido con el miembro del PP y candidato en Benalmádena en las elecciones municipales de 1991, Roberto Martínez Santoyo. La deuda asciende a 113.429 euros (Cerca de 19 millones de pesetas).
El auto de la juez, con fecha de 31 de mayo, decreta el embargo una vez que la Audiencia Provincial ha desestimado el recurso que presentó el PP contra una decisicón anterior de este mismo órgano judicial, en el sentido de estimar la demanda que había presentado Martínez Santoyo, que reclamaba judicialmente la devolución del dinero que había tenido que pagar al banco en 1998 (unos 67.000 euros) más los intereses generados, hasta un montante de 113.429 euros, como firmante de una póliza de crédito a favor del PP para financiar la campaña electoral en el municipio. El partido aún no ha recibido comunicación oficial sobre este embargo, aunque «pagará la deuda, como hace con todas» si así lo establece la sentencia, dijo ayer su secretario de Libertades Públicas, Seguridad y Justicia, Ignacio Astarloa. «Si la resolución judicial, como parece, es la de ordenar que se pague esa deuda, pues como solemos hacer con todas, la pagaremos», dijo Astarloa en rueda de prensa en Génova, si bien insistió en que aún no tiene conocimiento oficial de dicho embargo.
Fuentes jurídicas informaron de que la reclamación la efectuó el médico Roberto Martínez Santoyo tras ejecutar el banco otorgante cinco años después la póliza y reclamarle la totalidad del dinero, el principal, los intereses y el gasto del procedimiento de la reclamación, que sumaron unos 67.000 euros y que pagó él. Martínez acudió entonces a la dirección provincial del PP a contar lo ocurrido, ante lo que se le dijo que el partido no tenía nada que ver con el asunto, ya que se trataba de una decisión de los candidatos.