El Ejecutivo estudia nuevos incentivos para las inversiones en el extranjero

El Gobierno estudia nuevos incentivos a la internacionalización de las empresas, tras verse forzado a rebajar de forma drástica sus ayudas fiscales a la inversión en el extranjero, a las que ha tenido incluso que poner fecha de caducidad (31 de diciembre de 2010), ante las presiones recibidas desde Bruselas desde hace meses. Una de las alternativas pasa por introducir mejoras impositivas en el tratamiento de las marcas españolas, tanto en el lanzamiento como en la protección de su actividad en otros países.

Otra posibilidad, según los trabajos que tienen en marcha los Ministerios de Economía y Hacienda, por un lado, e Industria, Turismo y Comercio, por el otro, es ofrecer mejores condiciones tributarias a las rentas procedentes de la explotación a nivel intelectual o industrial. Asimismo, se pretende aumentar las dotaciones presupuestarias asignadas a los organismos públicos que tratan de fomentar esa actividad exterior de las empresas nacionales, como la Compañía Española de Financiación del Desarrollo (Cofides) o el Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX).

Posibilidades

No obstante, el nuevo modelo aún no está definido del todo y el Ejecutivo tiene abiertas dos vías de diálogo en este sentido, una con las organizaciones empresariales del sector exterior -desde la propia CEOE hasta el Club de Exportadores e Inversores, la Asociación de Marcas Renombradas y las Cámaras de Comercio- y otra con los grupos parlamentarios -fundamentalmente, con sus nuevos aliados de CiU-. Las distintas patronales afectadas pretendían que la eliminación de esos incentivos impositivos no fuera total, y alertaban en este sentido del fuerte impacto negativo que tendría en las pymes. Pero desde el Gobierno ya se les ha dejado claro que la UE ha vetado el régimen de estímulos fiscales, al considerar que suponen «ventajas desleales». El modelo actual permite obtener una deducción de hasta el 25% en el impuesto de sociedades, lo que este año supondrá un coste total de 200 millones para las arcas del Estado. Para ello, las empresas españolas beneficiadas tendrán que haber establecido una sucursal en el exterior.