El Gobierno mantiene activa la planta Delta pese a conocer el peligro medioambiental

La situación precaria en que se encuentra la planta Delta, dedicada al tratamiento de residuos industriales e hidrocarburos, no es desconocida para Izar, empresa propietaria de la sociedad Delta que gestiona la instalación y que, a su vez, depende del Ministerio de Industria a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi). Según fuentes cercanas a la negociación que se mantiene desde hace meses para dirimir el futuro de esta infraestructura ubicada junto al astillero de Cádiz, los responsables de esta compañía pública conocen el peligro medioambiental que entraña la planta tanto por su estado «muy obsoleto», ya que su construcción data de los años 60, como por la falta de un sistema de depuración, tratamiento o evacuación de las aguas tóxicas que acumula en sus tanques desde, al menos, el verano de 2005.

Estos depósitos almacenan los líquidos procedentes de la gestión de los desechos oleosos de grandes industrias de la Bahía, de la provincia y hasta del país, como Dragados, Delphi, Acerinox, la Base Naval de Rota en virtud del convenio Marpol para tratamiento de residuos de buques. La capacidad de estos buques es de 30.000 toneladas (30 millones de metros cúbicos) y tras un año de progresiva acumulación, están al borde de la saturación con más de 27 millones de metros cúbicos.

Excesos

La causa de esta situación es que la planta Delta, que tiene licencia de actividad hasta finales de 2007, incumple en la actualidad los parámetros máximos de residuos de la Consejería de Medio Ambiente después de que fueran endurecidos el pasado año para evitar nuevas catástrofes naturales como la de Aznalcóllar o el Prestige.

Sobre este extremo, el presidente de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz -propietaria de los terrenos que están cedidos por concesión a los astilleros hasta 2020-, Rafael Barra, aseguró desconocer el motivo del mantenimiento de esta situación, que, además, impide a los astilleros contratar obras medias y grandes de reparación de barcos porque no puede desgasificar los buques. «No entiendo por qué no se llevan las aguas para poder atender barcos. No sé a qué están jugando», sostuvo Barra, quien reconoció que la Autoridad Portuaria tiene «potestad, aunque no obligación» de vigilar y controlar las actividades que se desarrollan en su suelo, aunque «hasta ahora no se ha ejercido». Preguntado por el motivo, el presidente de la Autoridad Portuaria contestó con un escueto «porque Navantia es Navantia», aunque posteriormente matizó que la instalación no ha cometido «ninguna irregularidad y tiene el permiso medioambiental».

Propiedad total

Además, el responsable de las instalaciones portuarias de la Bahía confirmó que Navantia ha solicitado la segregación de los más de 90.000 metros cuadrados que ocupa la planta para transferirlos a Delta (sociedad de Izar), que sería ya propietaria de todo el complejo de gestión de residuos. En la actualidad, la compañía pública militar tiene 428.000 metros cuadrados de tierra y 300.000 metros cuadrados de agua después de que en 2001 se unificara en una sola la decena de concesiones existente hasta entonces.

Esta petición fue presentada en la segunda quincena de marzo, tras lo que la Autoridad Portuaria demandó una serie de justificaciones y garantías técnicas, jurídicas y económicas preceptivas para este tipo de operaciones sobre dominio público. Esta documentación requerida fue remitida en mayo, pero la entidad portuaria la consideró insuficiente y reclamó información más profusa que aún está a la espera de recibir.

Una vez que se concluya esta fase, el consejo de Administración se pronunciaría sobre la solicitud de forma inmediata. «Si lo hubieran justificado ayer, habría ido en el consejo de hoy», aseguró en alusión a la reunión de este órgano celebrada ayer en Cádiz.

Preocupación sindical

El estado de la planta Delta y su futuro ligado a los astilleros y las empresas de la Bahía también ha sido motivo de preocupación por parte de los sindicatos, como UGT, que hace dos meses ya inquirió a la empresa sobre el desenlace de esta negociación.

La importancia del mantenimiento de esta infraestructura es que es fundamental para el funcionamiento de la factoría naval de Cádiz y sin ella estaría abocada a una actividad minoritaria -e incluso al cierre- con las llamadas obras «limpias», en las que no es necesario desgasificar los barcos.

Para evitar la clausura, el Grupo Ecogades, empresa que desempeña la gestión comercial de la planta (a través de una subcontrata de Energis-Holcim, cliente, a su vez, de Delta) ha propuesto una solución provisional para trasladar las aguas tóxicas a otro punto. Además, es la única empresa que ha planteado una oferta formal de compra de esta instalación para impedir la pérdida total de su negocio (más 12 millones de euros anuales) y el despido de 50 trabajadores.