Vuelos ilegales

La afirmación de que el aeropuerto español de Palma de Mallorca formaba parte de la telaraña tejida por la CIA para facilitar las transferencias ilegales de presuntos terroristas, realizada ayer en París por el parlamentario suizo Dick Marty, encargado de elaborar el informe sobre los vuelos de los servicios secretos norteamericanos a través de territorio europeo, supone un duro varapalo para el Gobierno español. Aunque el presidente de la delegación española en el Consejo de Europa se apresurase a decir que en el documento no se señala ninguna responsabilidad jurídica para España, el caso es que -según la investigación-, España aparece como uno de los catorce países europeos que ampararon estos vuelos con personas sospechosas de actividades terroristas que previamente habían sido secuestradas y trasladas después a terceros países. Chipre, Irlanda, Portugal y Grecia estarían en situación parecida, y Rumanía y Polonia podrían, además, haber facilitado centros de detención secretos a los norteamericanos.

El informe no ofrece pruebas concluyentes que pudieran ser utilizadas en causas penales, pero sí es el fruto de una investigación que ha sido realizada de forma independiente y desde el principio -el propio ex secretario de Estado, Colin Powell, había dejado claro que los vuelos no eran desconocidos por los Gobiernos europeos-, apuntaba a que los hechos tenían una base más que sólida. Es precisamente el respeto a los Derechos Humanos lo que hace a los países democráticos superiores moralmente a quienes pretenden imponer su intransigente concepción del mundo; pero si en la defensa de las libertades fundamentales decidimos apartar esos derechos para facilitarnos -aparentemente- la tarea, corremos el riesgo de perder toda legitimidad en esa lucha. Cada vez que se conocen posibles operaciones de este tipo, ligadas a prácticas ilegales, o alegales, como Guantánamo, Abu Graib o ahora estos vuelos, perdemos la mejor herramienta que tiene cualquier democracia frente al terrorismo. Que no es otra que la que otorga la esencia misma del Estado de Derecho. Por ello no es admisible que en un caso tan preocupante el actual Ejecutivo alegue en su defensa buena fe o ignorancia sobre lo que ocurría.

Desde que el pasado mes de noviembre el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, reconociese en el Congreso de los Diputados que le sobrepasaba este asunto, el Gobierno se ha limitado a barrer bajo la alfombra el tema, esperando que pasase el temporal sin demasiados destrozos. Es por ello que si en lugar de limitarse ahora a «rechazar de plano» las acusaciones del informe, que el propio Marty reconoce basado en elementos coherentes y convergentes y no en pruebas estrictas, el Gobierno hubiese llevado a término una investigación exhaustiva, no le debería haber resultado demasiado difícil poner sobre la mesa una argumentación basada en algo más que su ofuscación e indignación.