Un informe del Consejo de Europa asegura que España permitió vuelos secretos de la CIA

Tras los atentados del 11-S (2001), Estados Unidos desplegó por el mundo una especie de tela de araña de enlaces aéreos y puntos de recalada con funciones diversas, que ha ido perfeccionando hasta nuestros días, para efectuar detenciones ilegales y transferencias entre países de presuntos sospechosos de terrorismo.

En el ejercicio de esta actividad ilegal, los servicios secretos norteamericanos «contaron con la colaboración o la tolerancia» de países miembros del Consejo de Europa, afirmó ayer el Comité de Asuntos Legales de esa Asamblea Parlamentaria, en un borrador de resolución adoptado en París, que se sustenta en los trabajos del parlamentario Dick Marty, (Suiza), ponente del Consejo de Europa en el caso tratado.

La resolución, que será debatida durante la reunión del plenario de la institución prevista para el 27 de junio, da por cierto que cientos de personas cayeron atrapadas en esa red, en algunos casos por sospecharse de ellos una mera simpatía con organizaciones terroristas.

La colaboración de los países miembros del Consejo de Europa -14 de ellos habrían participado en la trama en distintos grados, España incluida- habría adoptado diferentes formas: desde el confinamiento secreto de una persona en territorio europeo hasta su captura y entrega a los estadounidenses, o el tránsito por el espacio aéreo propio de vuelos con prisioneros».

Otras formas de colaboración habrían comprendido la transmisión de información en poder de los servicios nacionales de seguridad a la CIA, información a partir de la cual se habrían planificado ulteriores secuestros de personas. «Ha quedado demostrado incontestablemente, por numerosos y bien documentados hechos convergentes, que hubo efectivamente detenciones secretas y transferencias ilegales de personas entre Estados europeos, por lo que procede reclamar investigaciones en profundidad y respuestas urgentes de los órganos ejecutivos y legislativos de todos los países concernidos», afirma el comité.

Evidencias

Semejantes evidencias han sido difíciles de obtener. La resolución, tal y como va al pleno, manifiesta que «los intentos de conocer la verdadera naturaleza y la extensión de estas operaciones ilegales ha topado con la obstrucción y el rechazo, tanto de Estados Unidos como de sus Aliados europeos».

Las investigaciones realizadas por el Consejo de Europea a través de Marty apuntan la participación de varios socios europeos en las operaciones de la CIA. Suecia, Bosnia Herzegovina, Reino Unido Italia, Macedonia, Alemania y Turquía habrían violado los derechos de varias personas, cuyos nombres aparecen identificados en el informe. Polonia y Rumania se observa que albergaron prisiones secretas de la agencia estadounidense.

España, Turquía, Alemania y Chipre habrían actuado como plataformas en Europa para los vuelos con personas a bordo detenidas ilegalmente. A Irlanda, Reino Unido, Portugal, Grecia Italia también se les señala como punto de recalada para esos vuelos, aunque sin la función centralizadora que se le atribuyó en la red de la CIA a los cuatro países anteriores.

Mallorca habría desempeñado un papel destacado en la red. En la isla, «equipos muy bien entrenados preparaban las misiones, y volvían después allí para descansar».

Participación

El informe del Consejo de Europa no formula acusaciones. Elude el concepto de «implicación» de los Estados europeos en estas operaciones, decantándose por el más neutro de «participación».

De hecho, Marty asegura que muy probablemente, la CIA no llegó a violar las disposiciones en vigor en los países por los que transitaron sus vuelos.

El Consejo de Europa es la única institución del continente facultada para efectuar una investigación como la acometida por Marty a finales de 2005, siguiendo el mandato de la Asamblea general. Aunque carece de capacidad coercitiva para recabar información de los países implicados.

De hecho, se ha recurrido a la buena fe de sus dirigentes para que a través de entrevistas personales se puedan esclarecer en alguna medida los hechos que en unas ocasiones se constatan y en otras se sospechas.

El Parlamento Europeo mantiene abierta una investigación a iniciativa propia, que está conduciendo a conclusiones similares a las halladas por el Consejo de Europa.