Identidad de género

Con casi dos años de retraso sobre lo que en junio de 2004 fue una precipitada promesa del ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, el Consejo de Ministros ha aprobado el conocido como proyecto de ley de identidad de género, que autoriza cambiar en el Registro Civil la mención al sexo de las personas. En realidad, la futura ley, la más «avanzada» del mundo en esa materia, lo que hace es facilitar el cambio oficial de nombre y de identidad sexual, suprimiendo los requisitos de modificación quirúrgica de los genitales y de sentencia judicial para nueva inscripción registral.

En lugar de aquellas condiciones, a los transexuales se les va a requerir ahora que un médico, o un psicólogo, diagnostiquen su disforia de género y que el interesado demuestre clínicamente que lleva dos años recibiendo tratamiento médico para acomodar su físico al sexo reclamado. Que desaparezca la obligatoriedad de someterse a una cirugía de cambio de sexo, operación compleja y costosa a la que muchos transexuales no están dispuestos a someterse, puede ser aceptable pero los nuevos requisitos son algo imprecisos, al menos en los términos en los que figuran actualmente en el acuerdo del Consejo de Ministros. Se entiende que la rectificación registral del sexo de las personas no puede obedecer a meros impulsos o tendencias caprichosas, sino que ha de justificarse en una patología psíquica como la disforia, según recoge la ley. Por lo tanto, en razón del respeto al individuo y también a la solvencia biológica, jurídica y social de un cambio así, resulta desaconsejable que baste sólo el informe de cualquier médico o psicólogo para obtener la autorización.

Esa y otras cuestiones, como el precedente de dar acomodo legal a situaciones de diferencia relacionadas con la biología y la psique, habrán de tenerse muy en cuenta en el próximo debate parlamentario de la ley. Un trámite que, contra lo que parecería, no encontrará grandes resistencias de la oposición, si es que el Grupo Popular es coherente con su reciente iniciativa de apoyo a una proposición de ley en la Asamblea de Madrid para el cambio de identidad de los transexuales. De hecho, el PP se comprometía incluso a una financiación pública de las operaciones de sexo -algo no contemplado en el proyecto de ley del Gobierno- basándose en que afectaría a sólo mil personas en la Comunidad de Madrid y a apenas 3.000 en todo el resto del territorio nacional. Lo que de alguna manera no deja de ser un argumento un tanto oportunista, a la vista de las prestaciones no incluidas en el Sistema Nacional de Salud para dolencias que afectan a centenares de miles de ciudadanos.