Campaña enrarecida

La campaña previa al referéndum del nuevo Estatuto de Cataluña del próximo día 18 acaba de arrancar en medio de un ambiente de indiferencia en la calle y con un elevado grado de tensión entre la clase política. La decisión de la Junta Electoral Central de prohibir que la campaña institucional llame a la participación de los ciudadanos ha provocado una fuerte polémica entre los que apelan a que no se pueda coaccionar el derecho a optar por la abstención y quienes argumentan que el artículo 23 de la Carta Magna consagra y protege específicamente el derecho de participación de los ciudadanos. Sea como sea, el referéndum culmina un proceso de reforma estatuaria marcado por la impericia y la inoportunidad política, que ha consumido inútilmente dos años largos de la vida política catalana, ha crispado los diversos sistemas internos de relaciones políticas y sociales y está a punto de concluir de forma asimismo desatinada. Si la propuesta de reforma estatutaria consiguió en el Parlament catalán el apoyo de más del 90% de los diputados, en las Cámaras del Parlamento español tan sólo obtuvo mayorías ajustadísimas, que parecen francamente insuficientes para sustentar una ley orgánica de rango fundacional. Además, el Gobierno de la Generalitat se ha dividido por causa del Estatuto, de forma que en tanto dos de las tres fuerzas que formaban el tripartito apoyan el «sí», Esquerra Republicana se inclina por el «no», posición en la que también está -obviamente por motivos distintos-, el Partido Popular. Por lo demás, las fuerzas políticas no se han esmerado precisamente en la seducción del electorado: no acaba de entenderse cómo un partido democrático como el PSC persiste en la incorrección de basar su apelación al voto en el insulto al adversario -el Partido Popular, en este caso-, por más enconada que ha sido la controversia que ha precedido a la actual coyuntura. Tampoco ayudará mucho a la necesaria transparencia de la campaña que los favorables al «sí» identifiquen su sigla o suposición con la única opción favorable a Cataluña y a todos los catalanes. El Partido Popular, que no ha ocultado su disconformidad, ha anunciado que si el nuevo Estatuto es ratificado presentará un recurso de inconstitucionalidad.