Una asociación de enfermos de cáncer demanda por 600 millones al Estado por vender tabaco
Actualizado: GuardarLa Federación de Laringectomizados de España y Asociaciones Sin Humo (Fleash) presentó ayer ante la sede del Ministerio de Economía y Hacienda en León una reclamación en la que exigen que el Estado indemnice con 600 millones de euros a sus asociados por los daños y perjuicios que les ha causado el tabaco. Esa cantidad tendría como beneficiarios a los poco más de 2.000 miembros de las asociaciones de extirpados de laringe de León, Barcelona, Salamanca y Vizcaya, que son las que suscriben la reclamación planteada, según explicó el presidente de la Federación, Gumersindo Rodríguez.
«Es un intento de llegar a un pacto con la Administración», resaltó un portavoz del colectivo, Francisco Ruiz de Vergara. «Antes hemos ido contra las tabacaleras. Esas empresas nos han dicho que el Gobierno ha tenido bastante que ver en esta situación. Ahora interponemos esta de-manda contra el Estado... a ver qué respuesta nos dan», apuntó Ruiz de Vergara en conversación telefónica. «Si este ca-mino no nos lleva a un acuerdo tendremos que recurrir a la vía judicial», anunció.
La Federación no descarta aumentar el monto de las in-demnizaciones si nuevas asociaciones de laringectomizados (personas a las que se ha extirpado la laringe a consecuencia de un cáncer) deciden sumarse a la petición realizada ayer y en la que se corresponsabiliza al Estado y a las productoras de los daños que provoca el tabaco en la salud de los ciudadanos.
Al menos, la explicación
El presidente de la Federación, Gumersindo Rodríguez, reconoció las dificultades de que el Gobierno acceda a pagar la indemnización exigida, por lo que admitió que esta reclamación, que deberá tener una respuesta antes de seis meses, «constituye el primer paso, obligado hacia una futura demanda contra el Estado y las tabaqueras ante la Au-diencia Nacional».
Rodríguez se mostró esperanzado en que los tribunales den la razón a su colectivo, después de que hace cinco años diversas asociaciones de laringectomizados de España emprendieran, sin éxito, acciones judiciales contra las principales firmas multinacionales tabaqueras.
«Los magistrados reconocieron entonces la responsabilidad de las empresas y el hecho de que adulteran el tabaco para crear más adicción, pero también vieron responsabilidad en el Estado».