Buenas intenciones

El último Consejo de Ministros presentó y discutió el anteproyecto de lo que será, seguramente poco después del verano, la nueva Ley del Suelo. Esta norma, junto con sus actuaciones en los mercados de alquiler, apuntan a lo que serán los proyectos estrella del ministerio de la Vivienda que dirige Maria Antonia Trujillo.

Contemplado desde cualquier ángulo, el proyecto rebosa no sólo una sesuda reflexión legal y administrativa sobre la actual estructura jurídica del suelo, sino la mejor intención para acabar, o por lo menos paliar, el serio problema de escasez de la vivienda en nuestro país. La duda que surge en la mente de todos no es, por lo tanto sobre la intención, sino sobre el efecto de esta norma. El objetivo que la preside es evitar la «especulación» del suelo, es decir, evitar que los propietarios inmobiliarios traten de maximizar sus beneficios enajenando terrenos de su propiedad porque los compradores potenciales están dispuestos a pagar un alto precio. Y aquí empiezan las incógnitas: desde que este problema se empezó a discutir en clave de mercado, nadie ha sido capaz de calcular un «justiprecio» mejor que la propia valoración a la que se llega entre el comprador y vendedor.

La oferta de suelo no solo no aumenta con esta ley, sino que, al incrementar el lote dedicado a las cesiones municipales y a la VPO disminuye el suelo dedicado a la vivienda libre, y es lógico que esto haga incrementar sus precios.

Una vez más la ley de las consecuencias no buscadas, adultera las buenas intenciones de los gobernantes de manera que no se alcancen los objetivos perseguidos, sino algo distinto o incluso contrario. La ley disfraza la presión fiscal haciendo pagar a los vecinos los gastos municipales a través de viviendas más caras. No podría pensarse en un disimulo más tosco, pero esto no consigue que los ediles locales piensen en disminuir sus gastos y repensar sus grandes planes con un papel más activo de lo privado. Más bien al contrario: el partido socialista piensa ahora agravar más aún el problema subiendo el Impuesto municipal de Bienes Inmuebles (IBI) a través de los catastros. Un auténtico despropósito.