En tela de juicio

Corren tiempos revueltos para el equipo de Gobierno que dirige Hernán Díaz. Al incierto futuro político del alcalde, pendiente aún de su recurso por el caso Fuentes, que puede inhabilitarlo durante siete años, se ha sumado en las últimas semanas la aparición de nuevas denuncias sobre presuntas irregularidades que afectan al regidor y a algunos de sus ediles. El debate está en la calle. ¿Podrá Independientes Portuenses revalidar su mayoría en las próximas elecciones municipales? ¿Será capaz IP de superar estos obstáculos que, según el alcalde, sólo persiguen intereses electoralistas de sus denunciantes?

DENUNCIA POR OBRAS ILEGALES

Ecologistas contra Rodríguez

El 'piscinazo'

Ha sido motivo de conversaciones en multitud de bares y calles de la ciudad. El colectivo Ecologistas en Acción denunció a principios del mes de abril que el edil de Urbanismo y número dos de IP, Juan Carlos Rodríguez, había hecho obras sin licencia en su domicilio de Valdelagrana. Estos trabajos consistieron en la construcción de una piscina, además de una cubierta para el porche y un techo para el garaje. Tras las acusaciones, el concejal entonó el mea culpa ante los medios de comunicación, aunque refiriéndose sólo a las obras de la piscina y advirtió de que la infracción la había cometido antes de ser edil de Urbanismo, en 2003. «Un error inconsciente», esgrimió.

Días después el Servicio de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento emitió un informe. En dicho escrito se revelaba que el garaje no era legalizable por no respetar la distancia a linderos, mientras que sí podía regularizar la piscina y el porche, cuya infracción había prescrito. Rodríguez apuntó que él mismo solicitó el derribo al alcalde, quien decretó la demolición que fue ejecutada este miércoles pasado.

LAS REFORMAS DEL ALCALDE

Ecologistas contra Hernán Díaz

Baile de fechas

El caso de la piscina y el garaje de Rodríguez ha recordado a muchos la denuncia que, también Ecologistas, hacía a finales del pasado año sobre las obras de ampliación del porche y la construcción de la piscina que el alcalde hizo en su vivienda en 1997, según la denuncia de los conservacionistas, sin los permisos correspondientes.

Mientras Ecologistas insistió en que el alcalde había cometido tal ilegalidad, Díaz salía al paso de estas acusaciones mostrando todo el expediente de las referidas obras, para demostrar que había actuado de acuerdo a la norma. Pero, entre las notificaciones de la Junta de Gobierno que aportó el alcalde hubo una que llamó especialmente la atención de sus denunciantes. Mientras que la autorización para construir la piscina se dio el 26 de junio de 1997, una foto aérea de ese mismo mes demostraba como ésta ya estaba totalmente terminada.

DENUNCIA POR IMPAGO

El PA contra el edil de Hacienda

Empresas vinculadas

Hace algo más de una semana la polémica también afectó a la Concejalía de Hacienda. El Partido Andalucista demostraba con decretos firmados por el alcalde que dos empresas vinculadas familiarmente al concejal de Hacienda, Jaime Pombo, debían, a finales de 2005, unos 18.000 euros de plusvalías a las arcas municipales. El grupo se preguntó si esas deudas podrían ampliarse a otras sociedades con las que está relacionado directa o indirectamente el edil y exigió al Ayuntamiento un informe del servicio de Recaudación sobre la situación de las sociedades vinculadas a Pombo.

El concejal aseguró que tales acusaciones no eran ciertas, ya que las empresas en cuestión, dos constructoras, pertenecen a su padre. Pombo afirmó que sólo es apoderado de dichas firmas. El alcalde defendió al edil e insistió en que las tasas se estaban pagando con el respectivo recargo.

VISITAS A LOS JUZGADOS

Pinar de Coig y Casa de las Cadenas

Causas abiertas

El año 2005 no puso punto y final a otras causas abiertas en los juzgados contra el alcalde y su concejal de Urbanismo. Es el caso, por ejemplo, de la denuncia que Izquierda Unida puso al primer edil por ordenar el derribo de la parte trasera de la Casa de las Cadenas, edificio que utilizaban los cargadores a Indias. Díaz justificó dicha demolición al considerar que existía un grave riesgo de derrumbe. Pero IU asegura en su denuncia, admitida a trámite, que tras el derribo se escondían presuntos intereses inmobiliarios. La Junta también intervino en dicha actuación y multó al Ayuntamiento.

Por otro lado, Hernán Díaz y el concejal de Urbanismo se enfrentan a un presunto delito medioambiental y contra la ordenación del territorio por su responsabilidad en el caso de las viviendas ilegales construidas en el sistema protegido de Pinar de Coig. La denuncia, que interpusieron el pasado año Ecologistas y algunos vecinos de la zona que se sintieron engañados, se está estudiando actualmente.