Tras los sellos, la multipropiedad

Tras el escándalo en toda España de las inversiones filatélicas, ha saltado ahora en la Costa del Sol el fraude la multipropiedad, con la detención de ocho personas acusadas de estafar a unos 15.000 clientes, anglosajones y centroeuropeos, por importe de unos 18 millones de euros. Los supuestos estafadores, todos ellos extranjeros y provenientes de las Islas Canarias, habían desarrollado una red de más de 300 empresas y un millar de cómplices que utilizaban métodos que iban desde reclamar fondos para gestiones a los clientes hasta la venta del mismo producto a varios compradores a la vez.

El entramado ideado por el cerebro del negocio, un tal Willenm Marthius P., oculto tras una tupida malla de testaferros, llegó a la sutileza de organizar una sociedad de falsos abogados que se encargaba de gestionar las querellas a quienes se consideraban estafados. En general, las cantidades sustraídas a cada víctima eran relativamente pequeñas, por lo que muchas de ellas desistían de presentar denuncia. La llamada multipropiedad, o sector del tiempo compartido, es una forma de acceder al disfrute de un alojamiento amueblado tan peculiar que la legislación vigente -que data de 1998-, prohíbe incluso la utilización del concepto de régimen de multipropiedad, ya que lo que realmente se adquiere es un derecho de uso y no de propiedad sobre el alojamiento que se va a ocupar temporalmente. El propietario, además, está obligado a constituir diversos seguros y a mantener la finca así como a prestar una serie de servicios, que puede suministrar él mismo o bien contratar con terceros. El régimen de aprovechamiento por turno de un inmueble debe constituirse en Escritura Pública e inscribirse en el Registro de la Propiedad y, en general, las asociaciones de consumidores consideran suficiente la normativa, si bien se lamentan de la falta de control de las autoridades de Consumo sobre tales actividades, que han dado lugar a toda clase de abusos y utilización de diversas artimañas legales que debilitan los derechos de los clientes.

Conocida es de todos la utilización de técnicas tan agresivas para la venta como la organización de reuniones en hoteles en los que, con el señuelo de obtener un regalo, los invitados permanecen varias horas literalmente asediados por comerciales expertos. Este nuevo escándalo pone en evidencia que regular legalmente una actividad comercial para asegurar los derechos ciudadanos sirve de poco si el Estado no pone además los medios de control necesarios para prevenir el engaño. Y es que, de la misma manera que, por ejemplo, hay inspectores que evitan el fraude alimentario y el consiguiente riesgo para la salud de los ciudadanos, debería haberlos para controlar ciertos negocios que se saben inseguros y propicios al abuso descarado.