El Gobierno quiere que uno de cada cuatro nuevos pisos sea protegido

En el futuro más próximo, una de cada cuatro nuevas casas será de protección oficial (VPO). Esa es la principal novedad de la Ley del Suelo que prepara el Gobierno y cuyo borrador de anteproyecto aprobó ayer el Consejo de Ministros. La vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, y la ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, aseguraron que la norma -que deberá someterse a consulta entre las administraciones y los afectados antes de pasar al Congreso-, responde a la necesidad de «proteger a los ciudadanos ante la especulación».

El objetivo de la ley es que «un recurso escaso, como es el suelo, se use de una forma racional que permita mejorar la calidad de vida y la cohesión social», dijo Trujillo. El objetivo es, según la ministra, aumentar la transparencia y la participación de los vecinos en la planificación urbanística hasta el punto de que si los proyectos no se someten a información pública no puedan salir adelante. El anteproyecto establece un Estatuto Básico que fija que «por encima de los intereses inmobiliarios privados, está el derecho de los ciudadanos a una vivienda digna y adecuada», añadió.

Porcentaje elevable

La norma obligará a las comunidades autónomas a que, como mínimo, el 25% de los nuevos desarrollos se dediquen a VPO. Un porcentaje que los parlamentos regionales podrán elevar. Los promotores estarán obligados a ceder a los ayuntamientos entre un 5% y un 15% de sus terrenos cuando inicien una obra. Esta proporción -ahora limitada al 10%-, podrá ser revisada de modo que varíe del 0% (cuando apenas se generen plusvalías) hasta el 20% (si las plusvalías son muy altas).

La valoración de los terrenos en las expropiaciones forzosas también cambiará. Sólo se tendrán en cuenta los valores reales del suelo, con lo que no se podrá incorporar al justiprecio que pague la administración ninguna expectativa de revalorización. La regla diferenciará los suelos en función de su proximidad a núcleos urbanos: los que se encuentren cerca de ciudades podrán pagarse a un precio de hasta el doble del de los que se sitúen lejos. Estos dos últimos puntos serán en los que el Ministerio encuentre más oposición por parte de los promotores, que ya han advertido que «tal y como está planteada la ley, la vivienda se encarecerá aún más». La Ley penalizará a aquellas promociones que no se desarrollen en los plazos previstos.