Otegi, la prueba del 9

Ante las últimas provocaciones de Batasuna al Gobierno y al Estado de derecho, el Poder Judicial tiene la palabra. También la tiene el ministro de Justicia, que podría o debiera movilizar al fiscal general en el asunto. Porque resulta difícil de asimilar por una sociedad democrática el «descaro», en expresión del dirigente popular Mariano Rajoy, de una organización ilegalizada convocando actos públicos para exhibir ante la prensa a los seis personajes de su comisión negociadora, urgiendo el comienzo del diálogo político sobre el futuro de Euskadi.

Otegi es la pieza maestra de esa comisión, por lo que intenta atribuirse inmunidad penal afirmando que su encarcelamiento bloquearía el proceso de paz. Nos invita así el líder abertzale a contemplar un escenario en el que, tras las rejas de una ventana, pudiera vérsele cumpliendo una de las muchas condenas judiciales que tiene almacenadas, suspendida alguna temporalmente de ejecución. Y la próxima semana habrá de acudir a la Audiencia Nacional, citado por el juez Grande-Marlaska, que podría o no ordenar prisión para Otegi y otros dirigentes batasunos. Si alguno de ellos entrara en prisión, el escenario se nublaría obviamente, pero abriría un auténtico proceso de verificación de las intenciones etarras.

Si ETA rompiera el alto el fuego por el encarcelamiento -sólo supuesto por ahora-, de uno de sus portavoces políticos, condenado judicialmente de acuerdo a la más escrupulosa interpretación/aplicación de la ley, todas las expectativas acumuladas desde hace unos meses sobre el fin posible de la violencia etarra se volatizarían. Y Otegi se convertiría, ya empieza a convertirse, en la prueba del 9 de la sinceridad del alto el fuego permanente. Desde la otra perspectiva, la de ETA, también se estaría viendo y manejando a Otegi como la prueba más clara del margen de flexibilidad y tolerancia que el Gobierno estaría dispuesto a conceder al complejo sociopolítico filoetarra. Otegi no sólo se mueve como si perteneciera a una organización legal, sino que actúa sintiéndose uno de los grandes líderes de Euskadi primus inter pares. Mariano Rajoy también invitaba ayer a imaginar el escenario de la acción de la Justicia contra Batasuna, escenario que sería el normal en un Estado de derecho, al exigir al Gobierno una reacción jurídica inmediata contra la coalición abertzale. La irritación del líder popular ante el «descaro» batasuno no sólo es comprensible, sino compartida por muchos españoles. La respuesta de los ministros de Interior y de Justicia a las ansias de Otegi por sentarse a una mesa de partidos, en la que se negociasen los aspectos políticos del llamado conflicto, recuerda al líder abertzale que Batasuna ya sabe que el marco de actuación es la Ley de Partidos. Y López Aguilar, tras afirmar la obviedad de que los jueces no obedecen instrucciones políticas ni están sujetos a consignas, recordó que para actuar en democracia, la Ley de Partidos es el único espacio.

No está nada claro el futuro, ni siquiera el presente del llamado y no iniciado proceso, a no ser que su inicio se retrotraiga a los primeros contactos extraoficiales entre dirigentes de ETA y personas cercanas al ámbito socialista. Lo que sí parece claro es el papel de Otegi no sólo en la verificación de la consistencia del alto el fuego, sino también en la percepción del margen de elasticidad con que el Gobierno va a desarrollar su estrategia encaminada al fin de la violencia etarra.