Anuncian movilizaciones por la situación de los «vecinos atrapados»

«Ningún vecino puede vivir atrapado en su casa por culpa de las carencias de su edificio, porque se está atentando cada día contra sus derechos básicos». Sebastián Peña, presidente de la asociación de vecinos de San Telmo y miembro de la directiva de Solidaridad, lanzó ayer una advertencia clara y contundente a las administraciones implicadas en solventar la situación de las cientos de personas de la ciudad que «por culpa de la enfermedad o por el peso de los años, no pueden ni bajar a la calle».

El portavoz del colectivo adelantó que «si el próximo 30 de septiembre no hemos visto señales evidentes de que las obras para instalar ascensores van a comenzar en nuestra barriada, nos pondremos en contacto con otras asociaciones afectadas y nos plantaremos a las puertas del Ayuntamiento». Peña dijo hacerse eco del malestar de «muchos, muchísimos habitantes de los bloques de San Telmo que sienten que se les está tomando el pelo con las complicaciones burocráticas que se les imponen en el proceso», y subrayó que «la colocación de ascensores no es un capricho, es una necesidad fundamental que está condenando a vecinos a permanecer encerrados en sus pisos y que requiere de una respuesta inmediata».

Santiago Casal, presidente de Solidaridad, apoyó la movilización y afirmó tener conocimiento de que «son varias las asociaciones de vecinos que están dispuestas a llegar hasta donde haga falta para que se le ponga remedio a la triste realidad de muchos de sus vecinos, y estoy seguro de que serán cada vez más a medida que vayan conociendo el contenido preciso de lo que reivindicamos».

La indignación entre los habitantes de San Telmo por las complejidades de la tramitación de las solicitudes es evidente. Francisco Franco, que ha gestionado la documentación de algunos de sus convecinos, relataba la odisea en que se ha convertido el proceso: «Nos pidieron declaraciones de hacienda, luego certificados de soltería, a las viudas que llevan años cobrando sus pensiones les piden certificados de defunción de sus maridos, y todo poco a poco, como si de verdad quisieran que nos cansáramos».

Peña va un poco más allá: «Nos da la impresión de que las obras sólo se realizan en las barriadas a las que va la alcaldesa: ahora le ha tocado a Icovesa, de lo cual nos alegramos, pero creo que con su actitud está dividiendo a los barrios sin medir las consecuencias".

Las primeras reacciones municipales a las quejas de estos vecinos no se hicieron esperar, y llegaron de la mano del delegado de Vivienda, Antonio Fernández, que se comprometió con todos los afectados a «trabajar para buscar soluciones a su crítica situación».

En este sentido, Fernández barajó varias opciones para dar respuesta a la situación de estos vecinos que van desde la permuta de la vivienda, al cambio o al realojo en alguna casa del parque público o privado cuando se vayan quedando algunas vacías. Incluso se mostró a favor de reservar un porcentaje de viviendas para estos vecinos en las próximas promociones que se construyan de Emuvijesa. En sus propias palabras, «sea cuál sea la situación de estas personas, vivan en casas públicas o privadas, les vamos a dar una solución».

Sea como fuere, el delegado dejó claro que el primer paso que habrá que dar en este problema será el de «confeccionar un censo de todos los afectados que se encuentren realmente atrapados en sus casas», para posteriormente buscar las soluciones.

Sin embargo, el delegado municipal también lanzó algunos dardos a los que calificó irónicamente de «vecinos a los que se les presupone pluralidad e independencia» y les instó a que «nos ayuden a solicitar a la Delegación responsable del suelo -en referencia a la Gerencia Municipal de Urbanismo- que ceda de una vez los terrenos que hace tiempo les reclamamos y en los que se podrían construir unas 1.191 viviendas, ya localizadas, algunas de las cuales podrían dar solución a algunos de estos afectados».

Fernández también destacó la importante inversión que se va a hacer en breve para la rehabilitación de viviendas del parque público y que afectará a unas 732 casas de San Joaquín, la Constitución, Teodoro Molina y La Serrana. Así, la Consejería de Obras Públicas aportará casi tres millones de euros para adecuar fachadas, cubiertas o soportales, y para la mejora de ascensores.