Zona Franca prescinde del testimonio de Osuna y De Mier en el juicio de Quality

El juicio de valoración de la empresa Quality comienza hoy en el juzgado de lo Mercantil de Cádiz, sin que el ex delegado de Zona Franca, Miguel Osuna, ni el actual, José de Mier, vayan a declarar, tal y como estaba previsto en un principio, al ser citados como testigos por los abogados del ex propietario de la empresa.

La defensa ha prescindido de los testimonios de los principales responsables del Consorcio tanto en la época del PP como ahora en la del PSOE y ni siquiera han sido citados por la Abogacía del Estado que tendrá que defender los intereses de la Zona Franca.

Al parecer, Osuna sería un testigo molesto para el Consorcio, ya que la propia Abogacía del Estado presentó contra él una querella por el caso Rilco.

Por lo tanto, el pleito, en el que tampoco ha sido citado como testigo por ninguna de las partes el ex propietario de Quality -que reclama la valoración de sus acciones y el pago de las mismas- se convierte en una vista técnica, en la que pasarán los auditores presentados por ambas partes.

Para hoy está previsto que acudan al juzgado los representantes de Ernst & Young y de Pricewaterhouse, las dos auditoras a las que Zona Franca encargó las primeras valoraciones. La primera la valoraba en 7.800.000 euros, mientras que la segunda en menos: 1.256.000 euros. La defensa de García intentará anular ambas, que fueron impugnadas en su día por el ex propietario de Quality.

Asimismo, para mañana están citados los peritos de García Gallardo, el catedrático de Economía de la Universidad de Sevilla Guillermo Sierra, que fija el valor en 93 millones de euros y en 90 millones la elaborada por Prosper Lamothe, catedrático de Economía de la Complutense de Madrid, que también acudirá.

El viernes acudirá el perito de la auditoría encargada por la jueza y elaborada por KPMG, que valora la empresa a fecha de 23 de diciembre de 2003 en 18.892.595 euros. Según el acuerdo que García firmó el 23 de diciembre de 2003 con el entonces delegado Miguel Osuna, éste le permite exigir a la Zona Franca que le compre sus acciones, un total de 1.904, valoradas cada una -según este dictamen- en 7.745 euros, lo que supone que el Estado tendría que abonarle 15 millones de euros.

El hecho de que rechazaran a Osuna como testigo hizo que el consejero de Zona Franca por el PP, Ignacio Romaní, en un comunicado haya acusado al actual delegado del Estado del Consorcio, José de Mier, de no tener «interés en ganar los juicios planteados contra García Gallardo». Para ello, Romaní argumentó que De Mier «no está usando todos los medios que tiene a su alcance en defensa de los intereses generales de la Zona Franca» y añadió que las razones «sólo las sabe él y el PSOE».