El diálogo con ETA

Hoy se cumplen dos meses del «alto el fuego permanente» de la organización terrorista, que ETA ha cumplido estrictamente según Interior, y, lo que es si cabe más relevante, la próxima semana se cumplirán asimismo tres años sin asesinatos. ETA se halla además sumamente debilitada después de un largo período de constantes éxitos policiales, y en su seno se ha fortalecido la corriente realista que reconoce paladinamente la imposibilidad de que la «lucha armada» tuerza el brazo al Estado en el dilatado pulso que ha mantenido con él. Por añadidura, Batasuna, el partido ilegalizado que actúa como brazo político de ETA, parece haber entendido que ya no es imaginable la búsqueda de cualquier objetivo ideológico al margen de las reglas democráticas.

En estas circunstancias objetivas y cuando el Gobierno, que posee como es lógico toda la información, asegura que se dan las condiciones para erradicar formal y definitivamente la violencia, parecería un verdadero dislate no intentarlo. Sobre todo si, como parece, se da también la condición esencial: el mundo de la izquierda abertzale habría interiorizado la evidencia de que no puede pretender obtener rentabilidad política a un abandono de las armas que ya está amortizado, por lo que el único botín imaginable que podría arrancar serían ciertas condiciones relativamente ventajosas para sus presos y militantes.

Las dudas versan sobre este último aspecto de la cuestión, más que sobre la sinceridad de ETA respecto de su voluntad de dejar las armas. Porque tanto la propia ETA como Batasuna insisten aún en el viejo discurso reivindicativo que, en esencia, propone el fin de la violencia a cambio de la autodeterminación y la territorialidad. El Gobierno dice estar seguro de que estos mensajes son «para consumo interno» de la militancia abertzale. Y habrá que confiar en que así sea porque, evidentemente, si éste fuese el planteamiento que va a hacer ETA al Gobierno, todo estará perdido. El fin de ETA no puede ser el triunfo de sus exigencias.

Ese discurso inaceptable es el argumento que esgrime el PP para negar su aval al presidente del Gobierno en el diálogo que se avecina. Acebes ha manifestado que el PP no autoriza que ese diálogo político se haga en su nombre. En cualquier caso, todo indica que las puertas al consenso antiterrorista siguen abiertas.

La situación es delicada porque parece claro que, ante la franca oportunidad de poner término a la tragedia interminable provocada por el delirio etarra, el acuerdo entre las dos grandes fuerzas estatales es tan necesario como exigible, pero, de otro lado, también es evidente que el PP cumple con el papel que le corresponde tutelando el proceso con todo el rigor democrático.

De cualquier manera, el guión al que habrán de adaptarse el Gobierno y ETA tiene escasísimos márgenes de discrecionalidad por la sencilla razón de que la opinión pública española ha tasado desde hace tiempo los límites. No es retórica la afirmación de que no hay lugar para la «negociación política», e incluso el nacionalismo democrático vasco deberá hacerse a la idea de que un proceso de revisión del marco institucional como el que se ha realizado en Cataluña deberá esperar a que la sociedad haya digerido suficientemente la desaparición de ETA.

Cuestión no menor pero sí secundaria es la graduación de las medidas de gracia que aceleren la superación de la gran fractura que ha supuesto el terrorismo. Obviamente, las víctimas tendrán mucho que decir en este asunto, si bien no parece en absoluto oportuno que hayan de manifestar su opinión a gritos, en una agresiva actitud hacia quienes, en la actual coyuntura, tienen el sagrado deber de intentar extirpar para siempre la violencia terrorista del País Vasco.