El Estatuto recoge la aspiración de controlar los puertos de interés general

La Empresa Pública de Puertos de andalucía (EPPA) controla todos los puertos deportivos del litoral andaluz y algunos comerciales, siempre que no tengan el marchamo de 'interés general'. Entonces, su coordinación recae en el Ministerio de Fomento, que posee para tal fin una red de autoridades portuarias.

La comunidad autónoma de Andalucía quiere que eso cambie. De hecho, el nuevo Estatuto -que aún debe ser aprobado en las Cortes y en referéndum- incluye, en su artículo 63, un listado de competencias en materia de transporte y comunicaciones a las que le gustaría aspirar.

Entre ellas está, por supuesto, los puertos y aeropuertos de interés general. En este paquete se incluirían los recintos de Algeciras, Cádiz, Huelva, Málaga, Sevilla, Almería, Motril y Carboneras (Almería). Eso sí, la redacción del mencionado artículo no habla de competencias exclusivas, sino de ejecución, y siempre que el Estado no se reserve su gestión directa. Andalucía, con esta fórmula, persigue encontrar un punto de equilibrio entre las administraciones central y autonómica para acercar más este servicio a los ciudadanos y usuarios.

Esta solicitud dista de la de los primeros borradores de la ponencia estatutaria, en la que se llegó a incluir -a propuesta de PA e IU- arrebatar al Gobierno central esta potestad. La firmeza con la que el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero rechazó un anhelo similar de Cataluña -deseaban el mando del aeropuerto de Barcelona-, ha suavizado el tono andaluz. Esta fórmula intermedia es del agrado del PSOE y contentó a IU. El PA la rechaza por insuficiente y el PP por innecesaria.